Entre los valores que deben inspirar el sistema educativo de un estado democrático, el de la libertad es, sin duda, el de más difícil encaje, pues, como un ácido que corroe cuanto le rodea, tiene la peculiaridad de entrar en conflicto con los demás valores a la menor ocasión. Al fin y al cabo la enseñanza, e incluso el “enseñar a ser libres”, consiste en buena parte en obligar a los niños y jóvenes a hacer una serie de cosas que en general no les apetecen lo más mínimo, y, en nuestras sociedades, consiste también en obligar a los padres a desprenderse de sus hijos durante una gran parte del día, si bien es cierto que uno se suele acostrumbrar a casi todo, y estos actos de fuerza los acabamos aceptando como algo natural. Esta naturaleza esencialmente problemática del valor de la libertad tiene como lamentable consecuencia el que se convierta muy fácilmente en un concepto comodín, que tendemos a utilizar sólo de manera retórica, cuando no puramente defensiva, es decir, exigiendo libertad cuando vemos la nuestra amenazada, pero no promoviendo la de los demás cuando tenemos la ocasión pero no nos va nada en ello.

. . La polémica sobre la llamada “libertad educativa” es un ejemplo paradigmático, pues a poco que nos molestemos en analizar lo que dicho concepto significaría si lo aceptáramos con honradez, llegaremos a conclusiones que nos enfrentarán, radicalmente y sin excepción, con las posturas que defienden todas las formaciones políticas relevantes de nuestro país.

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. La izquierda teme la libertad en la educación porque sospecha, con fundamento, que un sistema de libre elección sin control del Estado exacerbaría las diferencias sociales; la medicina recomendada tradicionalmente para fomentar la igualdad de oportunidades es que todos los niños reciban la misma educación, aunque, como se sabe, éste camino conduce fácilmente a la mediocridad.

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. Por su parte, la derecha se refugia en el principio de la libertad de elección prácticamente con el único fin de mantener los privilegios de ciertos centros de enseñanza y de una cierta confesión religiosa; o, dicho más claramente, para favorecer la libertad de los padres de elegir con qué tipo de compañeros no quieren que sus hijos estudien, y para respaldar a la Iglesia Católica (con cuantiosos fondos públicos) en su intento de dar formación religiosa a quienes, si no la recibieran en la escuela, muy probablemente decidirían con toda libertad no recibirla en ningún otro sitio.

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. Una propuesta que realmente se tomara en serio la libertad de elección por parte de las familias tendría que empezar fomentando, primero, la diversidad en el terreno educativo: ¿por qué tienen que decidir las Administraciones Públicas el currículo que obligatoriamente deben seguir todos los alumnos, e indirectamente los métodos de enseñanza? La alimentación no es más necesaria que la educación, y el Estado no nos impone (de momento) el menú de cada día, ni obliga a los restaurantes a ofrecer exactamente los mismos platos.

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. En segundo lugar, el sistema tendría que transmitir de forma transparente a las familias la información sobre las (verdaderas) cualidades y resultados de cada centro.

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Y en tercer lugar, el Estado debería garantizar que cualquier niño, con independencia de las condiciones sociales y económicas de su familia, pueda asistir al tipo de escuela que sus padres prefieran.

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. Esto no debe interpretarse como una defensa de la privatización de la enseñanza: la diversidad también podría fomentarse, si se quisiera, en los propios centros públicos, donde la autonomía de los profesores suele ser mayor que en los privados. Tampoco afirmo que un sistema como este sería el mejor de los posibles, pues, como dije al principio, la libertad siempre tiene riesgos y costes. En este caso, el riesgo principal no lo veo en la posible merma del valor de la equidad (recuérdese el punto tercero), sino más bien en otro valor importantísimo, que los autoproclamados defensores de la libertad sistemáticamente ignoran: el derecho de los niños a recibir una educación que no consista sólo en un “lavado de cerebro” según la ideología de sus familias o de otros agentes. No hay que olvidar que una de las razones principales por las que la enseñanza es obligatoria y está controlada en mayor o menor medida por el Estado, es porque algunos padres no querrían (si lo pudieran decidir libremente) que sus hijos tuvieran una educación que, al común de la sociedad, le parece mínimamente razonable. Solemos pensar en los marginados al defender este argumento, pero es igual de válido referido a grupos fundamentalistas de todo tipo, por ejemplo.

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. Ahora bien, decidir cuál puede ser esta educación “mínimamente razonable” requiere una negociación abierta y profunda, en la que participen todos los estamentos de la comunidad educativa y de la sociedad, y que no se plantee como la búsqueda de una dieta ideal que se prescriba obligatoriamente a todo el mundo. Más bien se trata de ponerse de acuerdo en un catálogo de requisitos realmente mínimos, que dejen amplia libertad a los centros de enseñanza para ampliarlos en la medida y la dirección que consideren oportuna (al revés que con el método administrativo al que estamos acostrumbrados, en el que los currículos oficiales son tan mastodónticos que la decisión práctica que tienen que tomar los profesores es por dónde cortar).

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. El principal reto de la Administración sería, en tal caso, que sus aportaciones financieras, sobre todo en el caso de la escuela pública, estuvieran verdaderamenete a la altura de los proyectos que padres, estudiantes y profesores fueran capaces de diseñar