La creación de repositorios institucionales supone un coste para las instituciones que lo ponen en marcha.  En este coste se incluye la infraestructura informática necesaria, como un servidor dedicado, el tiempo de trabajo del personal informático que lo va a instalar y mantener, el tiempo de trabajo del personal bibliotecario editor y gestor del mismo, y puede también suponer coste de software si no elige un software libre.

Es importante señalarle a las instituciones cuál es el beneficio que obtendrán por ello, como aumentar la visibilidad gracias a los estándares, etc.

Una buena “oferta” es garantizar la conservación de la producción científica de los investigadores.  Hasta ahora las Bibliotecas se han dedicado a proporcionar los materiales necesarios para el trabajo de sus investigadores, garantizando la conservación de algún tipo de material producido en la propia institución como por ejemplo las tesis doctorales, pero el resto de lo que los autores escriben no tenía que conservarse en la institución, y los mismos autores tienen a veces dificultades para acceder a artículos que han perdido (a mis usuarios les ha pasado).

Esta garantía no se puede basar en la libre voluntad de “autoarchivar”, si queremos conservar todo, tendrá la institución que dar una orden, un “mandato” en tal sentido, obligando a los autores a hacerlo.

La institución tendría así un instrumento utilísimo para ver y valorar lo que sus investigadores generan.  Y al final ganarán los autores, ya que aumentarán su impacto y visibilidad y tendrán la seguridad de sus archivos en su institución y otras ventajas, como una dirección unívoca y permanente para cada uno de sus trabajos.

Mayor debate provoca el coste para la otra versión del acceso abierto, la publicación de revistas open access, pero no debería ser argumento “en contra” en el caso de repositorios institucionales, sí además conseguimos que los investigadores de pequeños centros de investigación que no pueden permitirse crear su propio archivo, encuentren su acomodo en repositorios de comunidades autónomas, REBIUN, etc.