En primer lugar, parece oportuno preguntarse por qué se fija el límite de la posible participación de las personas inmigrantes (comunitarias o no) en la esfera local. Puede argumentarse que gran parte de las políticas que afectan nuestro día a día, y en particular el de aquellos que son o somos inmigrantes, se elaboran desde instancias municipales. Sin negar la trascendencia de la arena política local, considero que hoy por hoy, con una segunda descentralización pendiente, es en los ámbitos estatal y  autonómico donde se juegan más los intereses de los extranjeros residentes en España. Las decisiones en torno a ‘extranjería’ y los grandes componentes del Estado del bienestar se toman en despachos de Madrid y de las capitales de las Comunidades Autónomas, sin que quepa mucho margen para la actuación de alcaldes y concejales.

En este punto surge una cuestión que parece legítimo plantearse. ¿Es jurídica, política y moralmente justificable limitar la participación electoral de determinadas personas a aquellos ámbitos donde se juegan sus más directos intereses? ¿No sería reconocer a los inmigrantes el derecho de voto en las elecciones locales una manera de hacer patente que no se les considera miembros plenos de la comunidad política? Parece que el blindaje de la participación electoral en los ámbitos autonómico y estatal refleja el lugar donde ubicamos el núcleo de la nación, entendida como pertenencia, y que limitar el voto de los inmigrantes a lo municipal se fundamenta sobre todo en lo simbólico-identitario.  

Por otra parte, debemos ampliar las reflexiones más allá de lo electoral que, al fin y al cabo, se realiza y se representa una vez cada cuatro años. Me parece que la posibilidad de votar tiene sin duda un gran potencial como elemento de integración bidireccional y de transformación de la concepción del ‘nosotros’, pero creo que sería reduccionista asumir la ecuación ‘participación política = participación electoral’. Para entender la participación política en un sentido más amplio debemos prestar atención a fenómenos como el asociacionismo, sin caer en aproximaciones que lo reduzcan a pagar cuotas de socios o pertenecer a la junta directiva de una ONG. Debemos buscar asociacionismo en ámbitos tan variados como la escuela (AMPAs), la ecología, la defensa del pequeño comercio, el feminismo, el sindicalismo, el desarrollo y un largo etcétera, y no limitar el asociacionismo inmigrante a la creación y gestión de organizaciones corporativas y nacionales de defensa de sus intereses comunes. En este sentido, conviene permanecer alerta frente a la instrumentalización que los gobiernos y las administraciones realizan a menudo de las organizaciones de inmigrantes, y los efectos que sus intervenciones tienen.

En cualquier caso, no es posible acercarse a la participación política de las personas extranjeras sin reflexionar sobre la de las personas nacidas en España. Y ello no sólo porque los inmigrantes además de inmigrantes son trabajadores, madres o comerciantes, sino también por la manifiesta crisis de la participación política en la sociedad española. La desvinculación de la esfera identitaria o de pertenencia de la esfera de la ciudadanía (constituida por derechos y sobre todo por la participación) a la que el voto inmigrante contribuiría puede ser una gran oportunidad para que los nacidos en España se impliquen más y participen en los ámbitos de su interés. ¿No es por tanto la inmigración, desde este punto de vista, una oportunidad para la reactivación no sólo demográfica y económica, sino también democrática de la sociedad española?

Por Silvia Marcu

En estos días inciertos, envueltos en los primeros temblores de otoño, coincidiendo con nuestra rentrée laboral, hemos pasado, seguramente, más de una vez, por delante de alguna oficina del INEM. Las colas inmensas nos pusieron de manifiesto la crisis económica vivida, que, de hecho, es el reflejo de la crisis europea y mundial. Millones de personas se quedaron sin empleo. En las colas, se ven también inmigrantes… Los que tienen documentación tienen el derecho de solicitar la prestación por el desempleo.

En España, actualmente, viven 4.169.086 extranjeros. De ellos, casi la mitad (el 48%) son ciudadanos comunitarios, según datos oficiales a 30 de junio de 2008. La excepción son los rumanos y los búlgaros, clasificados en el mismo régimen pero con una moratoria de trabajo que, tal vez, finalice en enero de 2009. El 58% de los 2,1 millones de extranjeros no procedentes de la Unión Europea que viven en España tiene un permiso de residencia temporal, y de ellos, más de 400.000 no tienen derecho a trabajar.

A los inmigrantes, no se les mira del todo bien, últimamente. Desde siempre, a pesar de la evolución, del cambio de siglo y de las transformaciones que tuvieron lugar en el mapa del mundo, de Europa, en la estructura mental de la ciudadanía, ser de otra parte, y además, llegar de un país pobre, porque no tienes trabajo, porque no tienes poder adquisitivo y necesitas aumentar las ganancias económicas, supuso una amenaza para la sociedad receptora. Parece que esta percepción sobre la inmigración existe todavía arraigada en las sociedades modernas. El tema ocupa multitud de debates y hay mucha controversia en las sociedades de acogida, en lo que se refiere a todos los aspectos de la vida de los inmigrantes: empleo, integración, atención social, acceso al estado de bienestar.

 Ahora, le llegó el turno al empleo… que es, de hecho, el objetivo central del proyecto migratorio de cualquier persona que decide cambiar de país para mejorar su vida. En este sentido, el año 2008 no es el mejor para la inmigración. La crisis del capitalismo global,  dejó sin empleo, también en España, a más de 2,5 millones de nacionales,  profesionales, personas de todas las edades, que viven la desesperación laboral en su propio país. Con desconfianza e incertidumbre.

La falta de trabajo entre los inmigrantes también se manifiesta. Comenzó en el sector de la construcción donde más se les empleaba, y siguió en otros, en los servicios, básicamente… Muchos decidieron regresar a sus países, o emigrar a otros, acogiéndose o no, a la prestación por el desempleo. Los más emprendedores buscan la vía para hacerse autónomos, aunque el camino implica riesgos.

Pero además de los inmigrantes con papeles o los que no lo tienen, pero que viven en España, está el tema de la contratación en origen, regida por convenios, que estos días ha levantado revuelo entre los que defienden o critican la inmigración. Frente a la inicial medida, que parece que no prosperará, de suprimir la contratación de 200.000 trabajadores extranjeros en origen el próximo año, se alzaron las voces críticas de los sindicatos y las asociaciones de inmigrantes.

El objetivo inicial era que, dada la crisis, los puestos que ocupan los extranjeros –fundamentalmente, temporeros contratados para la recogida de la fruta - queden disponibles para los nacionales que estén en el paro. No obstante, el problema que encuentra el sector agrario es que un porcentaje muy elevado de los parados “no quieren trabajar” allí. Y puede encontrarse que no haya trabajadores para recoger la fruta… En este caso, las pérdidas se contarán por millones de euros… Y casi lo mismo puede ocurrir en otros sectores como la hostelería… estos sectores relegados en los últimos años a  la inmigración.

¿Qué es lo que ocurre? La mayor parte de la población mundial vive en medio de la crisis del (des) empleo, o del empleo precario. Ha habido un importante desarrollo de la globalización en las últimas décadas, que ha hecho que no solamente las mercancías, los capitales, las comunicaciones y los servicios se involucrasen en la intensidad de los circuitos, sino también las personas. Y por más que se alzaran las fronteras, millones de personas huyeron y saltaron lo prohibido. Porque la desesperación no tiene fronteras.

Hay una continua movilidad, lo que Portes y Börök llamaban from bellow (1989), un movimiento global incitado por la incertidumbre económica. La movilidad se intensificó, dando origen a múltiples expresiones como la construcción de redes en las que intervienen movimientos sociales, políticos, laborales o culturales. En la faceta laboral de estos movimientos se encuentran los inmigrantes “económicos” que llegan a países desarrollados, en este caso a España, con contrato en origen, porque hay puestos de trabajo que podrán ocupar. Es su esperanza.

Si no les será posible quedarse, emigrarán a otras partes porque ya se están abriendo mercados nuevos en países emergentes. En el Este europeo se necesita fuerza laboral para crear y mejorar las infraestructuras, y parte importante de los rumanos, ya se están preparando para el regreso. Muchos ya lo han hecho.

Tener un trabajo se ha convertido en un lujo en la sociedad actual, capitalista, desarrollada, del siglo XXI. Es el agotamiento, la fase cíclica de crisis del capitalismo, el neoliberalismo atroz, en el cual, la corrupción de los Estados, la falta de ética, la falta de diálogo, (a pesar de que…vivamos en la era de la comunicación) el silencio como respuesta, crean mundos separados por fronteras difíciles de quebrantar.

Por un lado, las ideologías parecen extenuadas, y la mediocridad del poder lo puede destruir todo, sin saber convencer. Por otro lado, en la continua fuga detrás del capital, el mundo vive una grave fractura que corre el peligro de agravarse. La discrepancia entre ricos y pobres es cada vez mayor y, más allá de su nacionalidad, los ciudadanos recorren el mundo en busca de un lugar para vivir o trabajar. Aquí o allí.

Con su llegada, los inmigrantes no quitan puestos de trabajo. Cubren los vacíos y están dispuestos a todo, con tal de mejorar sus vidas en sus tierras. Es ésta la realidad.  No se les puede culpar. Ellos viven en su lógica, en su circuito creado por redes que recorren, tejiendo cual Ariadna, sus relaciones humanas, por todo el mundo. Si no se les necesitan aquí, se irán. Ya lo están haciendo.

Como la búsqueda de empleo, la permanencia en un puesto de trabajo, se ha convertido para la mayoría de las personas en un constante y despierto caminar global, aunque los tiempos fueran turbios, es importante que mantengamos la esperanza, la fortaleza de la solidaridad. Porque la debilidad puede convertirse en el peligro de la servidumbre. Y lo que hace falta en el mundo es la dignidad. Reconciliar el trabajo digno con la cultura, mediante diálogo. Crear una alianza solidaria, común, en el gran laberinto que es el mundo.

• El ejercicio de los derechos políticos constituye una condición necesaria para la integración social plena, aunque, desde luego, no sea condición suficiente

La inmigración se ha erigido en muy pocos años en el fenómeno con mayor potencial de cambio social de todos cuantos se registran actualmente en España. Ningún otro admite parangón en este sentido. La inmigración afecta a los más variados y cruciales aspectos de la vida en sociedad, entre los que podrían destacarse, además de la estructura demográfica y las relaciones laborales, los códigos culturales y la vida política de pueblos y ciudades.

Una forma sencilla, pero ajustada a la realidad, para describir estas profundas mutaciones es señalar que España ha dejado de ser un país de emigración y se ha convertido en un país de inmigración. Si se cotejan los datos actuales con los de hace tres décadas los resultados son espectaculares: en España apenas había inmigrantes (menos de medio millón) y casi tres millones de españoles eran emigrantes. Igualmente sorprendente resulta la comparación con los datos de hace tan sólo diez años: mientras que en 1998 los extranjeros residentes apenas suponían el 2% de la población total, en 2008 representan el 11,3%, un índice que coloca a España en este terreno a la cabeza de los países europeos.

La estructura jurídico-política del país se ha adaptado, sin embargo, muy lentamente a estos acelerados cambios. Y en una sociedad de inmigración, como la que se ha ido configurando en España, resulta prioritario favorecer los mecanismos normativos y los recursos institucionales necesarios para lograr una sociedad integrada, en la que quepa y se sientan a gusto tanto los nacionales como los recién llegados. En este sentido, la Constitución vigente, que se redactó cuando en España apenas residían inmigrantes, no afrontó esta cuestión con profundidad, pues tenía como centro de atención en esta materia a nuestros emigrantes y buscaba mejorar su situación en los países en los que se habían instalado.

Con todo, la Constitución de 1978 ya contempla el derecho de sufragio de los extranjeros residentes, aunque el modo concreto como se resuelve esta cuestión puede conllevar efectos pocos democráticos. Principalmente porque condiciona –sin duda, con la mejor de las intenciones – el acceso de los inmigrantes a la participación electoral a la reciprocidad internacional (art. 13.2 de la CE), esto es, a que sus respectivos países de origen concedan el mismo trato a los españoles. Para empezar, la exigencia de reciprocidad presupone una simetría que no se da en la práctica: que los inmigrantes procedan de los mismos países en donde está instalada la inmigración española. Pero además soslaya otra relevante cuestión: ¿cómo se van a firmar convenios de reciprocidad con países que no celebran elecciones? Este requisito es de imposible cumplimiento material para los inmigrantes procedentes de países no democráticos y ello no puede constituir un motivo para excluir a tales personas. La política migratoria no ha de estar condicionada por la práctica de los países de origen, sino que debe responder a las exigencias inherentes del sistema político del país de acogida.

La presencia continuada de residentes legales sin derecho al voto representa un torpedo contra la línea de flotación de la democracia o, si se prefiere usar un lenguaje menos belicoso, una distorsión intolerable del ideario democrático y de su presupuesto básico, a saber: que el conjunto de personas afectadas por las decisiones públicas coincida con el de personas que participan en su elaboración. Ello implica que las personas sometidas de manera continuada a una determinada legislación deben participar también en su elaboración eligiendo a sus representantes.

¿Cómo cabe negar derechos a quienes por otro lado se les exige el cumplimiento de obligaciones como, por ejemplo, las de índole fiscal? El reconocimiento de los derechos de participación a los inmigrantes responde también a la conocida lógica política que esgrimieron los fundadores de la primera democracia moderna: no taxation without representation. La extensión de derechos a los extranjeros residentes es la contrapartida lógica de la aportación social y económica que realizan a los pueblos y ciudades que los acoge y en donde pagan sus tasas e impuestos. Si se quiere su integración, los inmigrantes no pueden ser tan sólo sujetos pasivos y destinatarios de servicios, sino también sujetos activos. Sólo llegarán a sentirse implicados en la vida municipal si se les permite participar, primero con su voto, pero también con la posibilidad de acceder al desempeño de cargos públicos.

La utilización de los derechos políticos como mecanismo de cohesión social constituye, a pesar de lo señalado, una cuestión abierta a debate. La tesis de que extender su reconocimiento equivale a integrar no siempre está convalidada por la práctica social, por más que sea recomendable normativamente. No es una panacea ni un instrumento milagroso, pero también es cierto que mantener a los inmigrantes apartados de vida política del país en nada favorece su integración social. El ejercicio de los derechos políticos constituye una condición necesaria para la integración social plena, aunque, desde luego, no sea condición suficiente.

En todo caso, la implementación de políticas de inclusión cívica dirigidas a extender los derechos políticos a los residentes extranjeros establecidos legalmente tiene una indudable ventaja en aras de su integración social y política: impide el establecimiento de nítidas líneas de segregación y la consolidación de una categoría o clase social de residentes no ciudadanos. Previene del riesgo no remoto en las sociedades de inmigración de que se creen fracturas que deriven en la marginación de grupos sociales enteros.

Al impidir a los inmigrantes que voten no sólo se les excluye del ejercicio de unos derechos básicos en cualquier democracia, sino que además se les expone a la vulneración de sus derechos civiles y sociales. Al no tener derecho de voto se les impide que ejerzan sanciones políticas en el mercado electoral y, en consecuencia, los partidos políticos no han de contar con ellos a la hora de formular  promesas electorales. Y si los partidos tuvieran que captar sus votos, con toda probabilidad cambiaría el tono de sus discursos y el alcance de algunas de sus promesas.

La Constitución de 1978 es reformable y de hecho en 1992 se modificó levemente un artículo, precisamente el 13.2. Y se hizo sin mayores problemas, por lo que también ahora podría repetirse el mismo procedimiento para suprimir la cláusula de reciprocidad. Para que se lleven a cabo las reformas necesarias es preciso voluntad política. De ahí que resulte digna de aplauso toda iniciativa, como la aprobada en el último congreso del partido en el gobierno, que propugne la extensión del derecho de sufragio a los extranjeros extracomunitarios legalmente residentes en España, aunque sólo sea en las elecciones locales. Esa iniciativa no hace sino refrendar la proposición no de ley aprobada en 2006 por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Ahora sólo hace  falta que la cumplan. En sus manos está.

Post publicado simultáneamente como artículo en la Revista de la Federación Española de Municipios y Provincias Carta Local (nº 206, septiembre 2008)

·        Prevé un encierro de los extranjeros en situación irregular de entre 6 y 18 meses. Lo que significa que aumenta la duración de internamiento, que es actualmente de 40 días en España, hasta al menos los 6 meses. Pudiéndose prolongar hasta 18 meses en caso de obstrucción en el curso del procedimiento de expulsión.

·        Prevé una prohibición de entrada en el territorio europeo de 5 años para las personas expulsadas, lo que equivale a criminalizar y excluir a estas personas.

·        Los menores ya no se beneficiarán de la protección que les es concedida, hasta ahora, por el Convenio sobre los Derechos del Niño, que todos los Estados de la Unión han firmado. De hecho, los menores, estén o no acompañados, podrán en adelante ser retenidos/detenidos en centros de internamiento y expulsados como adultos, en violación del principio fundamental del interés superior del niño.

Al analizar el proyecto de Directiva se aprecia que disminuyen las garantías de protección para colectivos más vulnerables protegidos por convenciones de derechos humanos (asilo, menores, vida privada y familiar, etc.) ratificadas por UE y los Estados miembros. También que aumentan las medidas de control y aislamiento de poblaciones señaladas como indeseables, pues lo que se va a permitir es un internamiento administrativo con priv