La grave crisis en la que desde hace tiempo
estamos inmersos tiene un enorme impacto en la vida cotidiana de toda la sociedad
española. Su rostro más trágico se muestra, sin duda, en el galopante crecimiento de la tasa de desempleo. Y aunque el paro afecta a todas las capas de la población, si hay un sector
especialmente vulnerable a sus dramáticas consecuencias, ése sería ciertamente el de los inmigrantes.
Lo más curioso del caso es que, siendo unas de
las primeras víctimas de la aguda crisis, los inmigrantes están empezando a ser objeto de voces que los inculpan de las graves repercusiones que la crisis
tiene en el mercado laboral y en el sistema estatal de bienestar en su conjunto.
"Hay pateras a disposición de los inmigrantes que deseen
volver por donde vinieron”
(El Roto)
En este sentido ha de entenderse
un reciente artículo titulado “La
excepcionalidad española”, firmado por David Reher y Blanca Sánchez Alonso
y publicado en el diario “El País”. Estos dos autores sostienen que la intensa
corriente migratoria que ha arribado a España a lo largo de la presente década
no obedece fundamentalmente al vigoroso crecimiento económico experimentado por
el país, sino a unas leyes que conceden enormes facilidades a los inmigrantes – al menos en
comparación con otros países de nuestro entorno – para que accedan a las prestaciones sanitarias y de educación. Acceso para el que les
faculta el mero hecho de estar empadronados. En esto estribaría – según los
mencionados autores – el hecho diferencial que explicaría el enorme volumen de
la inmigración en España.
Ante esta situación, dichos autores no propugnan
la adecuación de los servicios públicos al aumento de la población, tal
como se ha defendido ya en este mismo blog. No consideran que si hay
servicios sociales saturados por el aumento de población, como ya sucedía con la
educación y la sanidad incluso con anterioridad a la presente situación de crisis económica, la
respuesta más consecuente del Estado debería consistir en incrementar los
medios y la correspondiente dotación económica, nunca en reducir los derechos
de los inmigrantes que con su esfuerzo han contribuido a las alegrías de otros
tiempos. En cambio, estos dos autores lo único que sugieren es restringir los requisitos para poder acceder a los servicios públicos. La crisis se presenta así como una simple coartada.
Aparte de la falta de oportunidad del artículo de
marras, justo en un momento en que tantos
inmigrantes pasan por circunstancias difíciles, la propia hipótesis de partida de estos
dos autores no se esta suficientemente contrastada. Esto es lo que ha puesto de
manifiesto un prestigioso demógrafo en un escrito de respuesta, que, dada la
contundencia de sus argumentos, se reproduce a continuación en su integridad.
Vinieron a trabajar
Por Juan Antonio
Fernández Cordón
Un ejemplo famoso entre economistas es la gran
coincidencia entre la actividad de las manchas solares y los ciclos económicos,
insuficiente a todas luces para establecer una relación de causa-efecto entre
los dos fenómenos. Esto viene a cuento del artículo que publican los profesores
Reher y Sánchez Alonso en la edición de ayer miércoles 18 de febrero de su
diario. Aceptar que la pretendida "generosidad social" de la ley de 2000 ha actuado como
determinante principal de un fenómeno tan complejo como el flujo migratorio de
los últimos años, exigiría, en mi opinión, algo más de lo que ofrece el
artículo. Si hay una excepcionalidad española clara durante ese periodo es la
descomunal burbuja inmobiliaria, con la construcción, en algunos años, de más
viviendas que en todo el resto de la Unión Europea. Sin tener que leer el BOE, los
extranjeros que aspiraban a emigrar de su país podían saber que había trabajo
en España y que era fácil que los empresarios contrataran a inmigrantes sin
papeles, siempre que aceptaran cobrar menos que los autóctonos. Además, la
masiva participación de las mujeres en el mercado laboral generó una gran
demanda de cuidadoras (de niños y de ancianos) en un país con un apoyo a la
conciliación de la vida laboral y familiar muy inferior al de muchos países de la Unión Europea.
Por otra parte, si la facilidad de acceso a la
sanidad y otros servicios sociales hubiese sido determinante, tendríamos en
España una población extranjera con un peso mayor de dependientes y de no trabajadores.
Esto no es así. Como es bien sabido, la tasa de ocupación de los inmigrantes ha
estado siempre por encima de la de los españoles (hasta la llegada de la
crisis, al menos) y la proporción de personas mayores, grandes demandantes de
servicios sanitarios, es del 6% entre inmigrantes y del 18% entre españoles.
Llegaron muchos inmigrantes a España y una elevada proporción encontró
un puesto de trabajo: en cualquier país, éstos se beneficiarían de la
protección social pública. Aquí también. ¿Por qué entonces surgen, precisamente
ahora, estas interpretaciones? La crisis se ha cebado sobre los más débiles,
los inmigrantes, y en estos momentos pueden beneficiarse de la protección
social (sanidad, prestaciones de desempleo o escuela para sus hijos) sin estar
trabajando. Es, efectivamente, el momento de replantearse la generosidad de
2000 y negarles sus derechos. Seguro que una parte de la opinión acogerá con
agrado estas conclusiones científicas, de la misma manera que una parte de los
trabajadores ingleses hizo huelga para evitar la contratación de extranjeros.
Está visto que los malos tiempos tienden a hacer aflorar lo peor de nosotros.