A pesar de que Rumanía y Bulgaria eran desde el 1 de enero de 2007 miembros de pleno derecho de la Unión Europea (UE), los ciudadanos de estos dos países no estaban autorizados a trabajar por cuenta ajena en muchos Estados de la UE, entre ellos en España. En virtud de una moratoria contemplada en el Tratado de adhesión a la UE, los trabajadores de estos dos países eran tratados como ciudadanos extracomunitarios y, en definitiva, como ciudadanos de segunda.

Por fin, el Gobierno español, en la sesión del Consejo de Ministros celebrada el 19 de diciembre, ha levantado tales restricciones al empleo y ha decidido no renovar la moratoria laboral que pesaba sobre los ciudadanos búlgaros y rumanos desde la adhesión de ambos Estados a la UE. No cabe duda de que, aunque tardía, debe aplaudirse esta decisión que pone fin a una situación injusta y discriminatoria, que daba carta de naturaleza a una inaceptable estratificación cívica.

El Gobierno español ha tomado la medida un mes después de que la Comisión Europea hiciera público un informe en el que animaba a los Estados miembros a levantar la moratoria. En ese documento se afirmaba: "La experiencia pone de manifiesto que la movilidad transfronteriza de la mano de obra tiende a autorregularse, disminuyendo en épocas de ralentización económica". El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, declaró ayer mismo al respecto que ahora "ya no tenía mucho sentido" la moratoria. Pero cabe preguntarse, ¿en algún momento tuvo sentido esa moratoria?

La decisión del gobierno español afecta a unas de las comunidades de inmigrantes más importantes asentadas en España: el pasado agosto, fecha de la que datan los últimos datos oficiales, residían en el país 715.750 rumanos (conformando la primera colonia extranjera) y 143.035 búlgaros. Ambas comunidades han crecido exponencialmente en los últimos cinco años.

Sin duda, el mantenimiento de la moratoria ha favorecido la economía sumergida, lo que implica, entre otras cosas, que muchos trabajadores rumanos y búlgaros no han cotizado a la Seguridad Social ni han pagado impuestos. Pero más que este quebranto para las cajas públicas (y de la merma de los derechos y prestaciones de dichos trabajadores), ha pesado más en la decisión del ejecutivo español otro tipo argumento más coyuntural, a saber: la expectativa de que en la situación en que se encuentran Rumania y Bulgaria, inmersas en un crecimiento económico importante, así como la actual crisis de la economía española, sea probable que a medio plazo los flujos migratorios se efectúen en dirección contraria y se produzca un retorno migratorio masivo.

Dicho de otro modo: el Gobierno español – y en esto coincide con los Gobiernos rumanos y búlgaros –  espera que en la actual coyuntura sean muchos los rumanos y búlgaros residentes actualmente en España que estén interesados en volver a sus respectivos países de origen. Pero, ¿coinciden estas expectativas con las de los propios inmigrantes?