En primer lugar, parece oportuno preguntarse por qué se fija el límite de la posible participación de las personas inmigrantes (comunitarias o no) en la esfera local. Puede argumentarse que gran parte de las políticas que afectan nuestro día a día, y en particular el de aquellos que son o somos inmigrantes, se elaboran desde instancias municipales. Sin negar la trascendencia de la arena política local, considero que hoy por hoy, con una segunda descentralización pendiente, es en los ámbitos estatal y  autonómico donde se juegan más los intereses de los extranjeros residentes en España. Las decisiones en torno a ‘extranjería’ y los grandes componentes del Estado del bienestar se toman en despachos de Madrid y de las capitales de las Comunidades Autónomas, sin que quepa mucho margen para la actuación de alcaldes y concejales.

En este punto surge una cuestión que parece legítimo plantearse. ¿Es jurídica, política y moralmente justificable limitar la participación electoral de determinadas personas a aquellos ámbitos donde se juegan sus más directos intereses? ¿No sería reconocer a los inmigrantes el derecho de voto en las elecciones locales una manera de hacer patente que no se les considera miembros plenos de la comunidad política? Parece que el blindaje de la participación electoral en los ámbitos autonómico y estatal refleja el lugar donde ubicamos el núcleo de la nación, entendida como pertenencia, y que limitar el voto de los inmigrantes a lo municipal se fundamenta sobre todo en lo simbólico-identitario.  

Por otra parte, debemos ampliar las reflexiones más allá de lo electoral que, al fin y al cabo, se realiza y se representa una vez cada cuatro años. Me parece que la posibilidad de votar tiene sin duda un gran potencial como elemento de integración bidireccional y de transformación de la concepción del ‘nosotros’, pero creo que sería reduccionista asumir la ecuación ‘participación política = participación electoral’. Para entender la participación política en un sentido más amplio debemos prestar atención a fenómenos como el asociacionismo, sin caer en aproximaciones que lo reduzcan a pagar cuotas de socios o pertenecer a la junta directiva de una ONG. Debemos buscar asociacionismo en ámbitos tan variados como la escuela (AMPAs), la ecología, la defensa del pequeño comercio, el feminismo, el sindicalismo, el desarrollo y un largo etcétera, y no limitar el asociacionismo inmigrante a la creación y gestión de organizaciones corporativas y nacionales de defensa de sus intereses comunes. En este sentido, conviene permanecer alerta frente a la instrumentalización que los gobiernos y las administraciones realizan a menudo de las organizaciones de inmigrantes, y los efectos que sus intervenciones tienen.

En cualquier caso, no es posible acercarse a la participación política de las personas extranjeras sin reflexionar sobre la de las personas nacidas en España. Y ello no sólo porque los inmigrantes además de inmigrantes son trabajadores, madres o comerciantes, sino también por la manifiesta crisis de la participación política en la sociedad española. La desvinculación de la esfera identitaria o de pertenencia de la esfera de la ciudadanía (constituida por derechos y sobre todo por la participación) a la que el voto inmigrante contribuiría puede ser una gran oportunidad para que los nacidos en España se impliquen más y participen en los ámbitos de su interés. ¿No es por tanto la inmigración, desde este punto de vista, una oportunidad para la reactivación no sólo demográfica y económica, sino también democrática de la sociedad española?