En algo coinciden todos los estudiosos del fenómeno migratorio: la inmigración ha adquirido recientemente en España una relevancia política y social mayor que en cualquier otro momento de su historia. En un intervalo de muy pocos años, ha pasado de ser un país de emigración a ser un país de inmigración. Este acelerado crecimiento del fenómeno migratorio se hace aún más patente si lo situamos en el contexto de la Unión Europea (UE): si en 1998 España era uno de los países de la UE con menor porcentaje de inmigrantes –algo menos del 2% de su población total– en 2005 se había convertido ya en el cuarto con mayor porcentaje –el 8,5%, con un total de casi cuatro millones de extranjeros residentes–.

La inmigración en España no es sólo mucho más reciente, sino, sobre todo, mucho más intensa que en otros países de la UE: por séptimo año consecutivo es el principal país de destino de inmigrantes. En términos planetarios, únicamente la inmigración hispana hacia los Estados Unidos superaría el intenso flujo que en los últimos años arriba al territorio español. En la frontera sur de España se da la singularidad –compartida también con la frontera sur de los Estados Unidos– de que no se trata de una línea divisoria más entre países, sino de una auténtica sima de riquezas entre bloques de países. Así, si el diferencial de riqueza entre Estados Unidos y México es de 3,9 veces, el que separa España de Marruecos es de 5,5 veces, y es aún mucho mayor si lo comparamos con países del área subsahariana.

En todo caso, en ninguna otra frontera exterior de la UE la sima socio-económica es tan aguda como la existente entre España y Marruecos. La ubicación geográfica de España en los límites meridionales de la Unión Europea, coloca al país justo al borde de una de las grandes líneas de fractura del mundo.

Un fenómeno de tal envergadura afecta, sin duda, a los más variados aspectos de la vida social, empezando por la estructura demográfica. Este proceso también conlleva obviamente repercusiones de índole política como las mencionadas anteriormente. Así, y coincidiendo con el auge del fenómeno, desde finales de la década pasada, la inmigración se ha convertido en España en un tema de relevancia política y de discusión pública. La cuestión migratoria padece en este país, como ya había sucedido en otros con una experiencia similar, un claro proceso de politización, que cobra especial fuerza en períodos electorales. 

En este sentido, el año 2000 resultó emblemático en la pequeña historia de la inmigración en España: en ese mismo año se promulgaron dos leyes orgánicas sobre la cuestión de la extranjería, ocho comunidades autónomas aprobaron otros tantos planes de integración, tuvieron lugar graves sucesos xenófobos en El Ejido (Almería) y la cuestión migratoria se erigió en uno de los temas estrellas de las elecciones generales celebradas en aquella primavera. Esa fecha marca, pues, un antes y un después en el proceso de introducción de la cuestión migratoria en la agenda política, pero a pesar de ello, o precisamente por ello, no se ha logrado que la cuestión se convierta en objeto de una auténtica política de Estado.