·        Prevé un encierro de los extranjeros en situación irregular de entre 6 y 18 meses. Lo que significa que aumenta la duración de internamiento, que es actualmente de 40 días en España, hasta al menos los 6 meses. Pudiéndose prolongar hasta 18 meses en caso de obstrucción en el curso del procedimiento de expulsión.

·        Prevé una prohibición de entrada en el territorio europeo de 5 años para las personas expulsadas, lo que equivale a criminalizar y excluir a estas personas.

·        Los menores ya no se beneficiarán de la protección que les es concedida, hasta ahora, por el Convenio sobre los Derechos del Niño, que todos los Estados de la Unión han firmado. De hecho, los menores, estén o no acompañados, podrán en adelante ser retenidos/detenidos en centros de internamiento y expulsados como adultos, en violación del principio fundamental del interés superior del niño.

Al analizar el proyecto de Directiva se aprecia que disminuyen las garantías de protección para colectivos más vulnerables protegidos por convenciones de derechos humanos (asilo, menores, vida privada y familiar, etc.) ratificadas por UE y los Estados miembros. También que aumentan las medidas de control y aislamiento de poblaciones señaladas como indeseables, pues lo que se va a permitir es un internamiento administrativo con privación de libertad, sin base penal, absolutamente desproporcionado a la infracción cometida y se lo va a transformar en una norma europea. Teniendo en cuenta que los procesos de expulsión materializables están durando aproximadamente 10 días, está claro que la ampliación del plazo de internamiento a 18 meses significa una criminalización institucionalizada de los inmigrantes sin papeles en Europa.

En el caso Español esta directiva resulta todavía más preocupante, pues los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) españoles acaban de sufrir una dura denuncia, concretamente, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y de Interior del mismo Parlamento Europeo en un Informe Público de marzo de 2008. Sobre la base de una visita a cinco centros (Fuerteventura, Madrid, Barcelona, Málaga y Algeciras) la citada Comisión acusa al Estado Español de vulnerar gravemente los derechos fundamentales de los extranjeros. Por razón de una situación administrativa irregular se encuentran detenidos en centros de carácter penitenciario, en condiciones lamentables y con ausencia de todo control externo sobre la gestión de dichos centros.

Este Informe viene a confirmar todas las denuncias que los grupos pro-derechos humanos vienen realizando desde hace años, reclamando insistentemente su cierre inmediato. De modo generalizado:

• Falta de transparencia de lo que sucede en el interior de los CIEs. No se concede la posibilidad de que las ONGs se entrevisten con los extranjeros.
• Existe hacinamiento y malas condiciones de salubridad.
• Los hijos de los extranjeros son separados de sus padres y llevados a centros de acogida de menores.
• Las visitas están sometidas siempre a vigilancia y sin posibilidad de contacto físico.
• A diferencia de las cárceles, no hay un cuadro de sanciones (leves, graves y muy graves) lo que genera mucha arbitrariedad sobre lo que es sancionable o no y su pena.
• No hay servicio medico regular.

La proliferación de estos Centros de Internamiento, que más bien deberían llamarse cárceles administrativas, dado que el tratamiento que reciben los internos es de carácter carcelario (presencia policial, cámaras de vigilancia, revisión de los efectos personales, reclusión en celdas, etc.), y la forma como se aplican las políticas de repatriación en la UE constituye una lacra inaceptable para la sociedad europea. Los procedimientos administrativos de expulsión están basados en el castigo preventivo, el debelitamiento, cuando no la imposibilitación material del ejercicio de derechos fundamentales recogidos en los textos legales y en las convenciones internacionales, unas condiciones degradantes e humillantes que representan un atentado a la dignidad de las personas extranjeras, etc. Se trata de políticas represivas y supuestamente disuasorias que están contribuyendo a institucionalizar una cultura político-administrativa que crea espacios sustraídos en la práctica a la tutela judicial efectiva y aumenta desproporcionadamente el grado de discrecionalidad de las autoridades policiales y de las fuerzas de seguridad. No resulta exagerado, como vienen señalando los sectores implicados, calificar estas cárceles administrativas de verdaderos agujeros negros en un Estado de Derecho.

Es más, a aquellos que resulta imposible averiguar el país de procedencia o no existe convenio de repatriación con el mismo, se les entrega una orden de expulsión y se les pone en libertad, con lo que en realidad más que del país se les expulsa del sistema de garantías jurídicas y se les coloca en una situación de total desamparo legal. Podría decirse que estas instituciones actúan de facto como creadoras de extranjeros a-legales y marginales.

Ante esta realidad es necesario reaccionar y defender los derechos de los inmigrantes sin papeles, actuar contra una cultura político-administrativa que supedita la garantía de los derechos a supuestos objetivos de seguridad y bienestar de la población autóctona.