Aunque no parece que haya acuerdo entre los diferentes analistas respecto a la gravedad de la actual situación económica y de si se trata de una simple desaceleración del crecimiento o de una severa crisis, lo cierto es que la incidencia en el mercado de trabajo ya se ha empezado a notar. Y ello afectará también, y quizás en una proporción mayor, a los inmigrantes. En esta nueva situación, los inmigrantes requerirán mayores prestaciones sociales, empezando lógicamente por las de desempleo, pero no sólo. La invitación al retorno a sus países de origen, con el abono del paro al que tengan legalmente derecho (capitalizando, por ejemplo, el conjunto de la prestación) es una salida, pero sólo si se respeta escrupulosamente la voluntariedad de la decisión. Con todo, y teniendo en cuenta lo sucedido con otras experiencias similares (como las iniciativas que Francia y Alemania lanzaron tras la crisis de 1973 para estimular el regreso de sus inmigrantes), no cabe pensar que se produzca un retorno masivo.

Si hay servicios sociales saturados por el aumento de población, como sucede en la educación y la sanidad con anterioridad a la presente situación económica, la respuesta más consecuente del Estado consistiría  en incrementar los medios y la correspondiente dotación económica, nunca en reducir los derechos de los ciudadanos extranjeros. Se trata, por tanto, de adecuar los servicios públicos básicos al aumento de la población y a la nueva coyuntura. En una sociedad de inmigración como la española, es crucial para la convivencia la insistencia en la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros. La integración es, entre otras cosas, un proceso de equiparación de derechos. No debe hablarse de preferencia nacional (entiéndase, a favor de los nacionales), como defienden algunos partidos ultraderechistas europeos, sino de una preferencia por aquellos que están en una situación de necesidad, con independencia de cuál sea su origen. Es una cuestión de justicia y de solidaridad.

Una política de integración de la inmigración, que como tal no puede tener otro objetivo que construir una sociedad integrada. Dicho de otro modo: se trataría de evitar la conformación de una sociedad fragmentada, compuesta por sociedades paralelas. Para ello se ha de propiciar que todos los individuos que habitan en el territorio del Estado disfruten de las mismas expectativas y las mismas posibilidades, pero también que estén sometidos a las mismas exigencias y los mismos deberes. Fundamental para alcanzar esta meta es, sin duda, evitar la competencia directa entre los inmigrantes y la población autóctona por unos recursos sociales limitados.

Especialmente en una época de vacas flacas, adquiere aún mayor sentido el reforzamiento de los servicios públicos más básicos, como son la sanidad y la educación, e impedir así que éstos pierdan calidad para todos. Una responsabilidad inexcusable de los gobernantes es la de crear las condiciones para que los más desfavorecidos no desarrollen actitudes de resentimiento o incluso de rechazo hacia los inmigrantes. En cualquier caso, las repercusiones sociales negativas de la coyuntura económica deben ser absorbidas por todos y no por un único grupo social.

Tampoco ahora en tiempos de desaceleración debería olvidarse que los inmigrantes han contribuido, como los que más, al crecimiento económico de la sociedad española en la última década. Por eso esperemos que no surjan ahora voces que culpen de todos los males de la recensión económica y de los reajustes capitalistas - el desempleo, la subidad de los precios, el aumento de la delincuencia, la precariedad de los servicios sociales, etc. - a la presencia de los inmigrantes.