Los debates que han surgido en estos días sobre el llamado “contrato de integración” de los inmigrantes traen a un primer plano cuestiones esenciales que es necesario vincular con los modelos de gestionar la “diferencia” en el marco de los procesos migratorios. En lo que se viene llamando “la integración” de los inmigrantes hay varios procesos que no se cuestionan porque “son así” y que suponen un grave riesgo a la hora de apoyar sobre ellos modelos políticos que pueden tener importantes consecuencias en la sociedad. La primera idea sobre la que me gustaría incidir es que los discursos que se elaboran sobre la integración, como han demostrado las investigaciones de la socióloga Sandra Gil Araujo, dicen más sobre los políticos, los países de recepción, sus miedos y forma de relacionarse con “los otros” que sobre las poblaciones “integrables”. El uso del término "integración" en la propuesta de Rajoy refleja más el miedo a una posible falta de cohesión dentro de su modelo de construcción nacional, que a la propia realidad social.

Actualmente, las investigaciones en temas de integración, están proponiendo un giro en los modelos para dejar de hablar de integración y pasar a hablar de igualdad y ciudadanía. Siguiendo esta línea, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 se ha desarrollado en el triple eje de igualdad, ciudadanía e interculturalidad, en el que garantizar la igualdad es el primer objetivo.

Partimos de una posición privilegiada que nos permite aprender de modelos que en otros países llevan décadas aplicándose. Por eso, es esencial apoyar las propuestas políticas en investigaciones sólidas sobre ciudadanía y modelos de convivencia. Desde luego, sería temerario proponer como modelo el “contrato de integración” tan alejado de formas de gestión de la pluralidad que partan de la igualdad de todos los ciudadanos. Esta propuesta, que carece de una base teórica sostenible, muestra el intento del Partido Popular de legislar las costumbres y creencias.

Hace mucho tiempo que se han superado los modelos teóricos que proponían la definición de las tradiciones de un grupo para acreditar legalmente la pertenencia o no a esa comunidad, que es la base, por ejemplo, de los institutos de Volksunde en la Alemania nazi. En España, ya existen leyes que debe ser aplicadas con igualdad a todos los ciudadanos. El "contrato de integración" habla más de los miedos que produce la diferencia cultural que de un proyecto de construcción de una sociedad más justa.