Por Esteban Greciet
(continuación del anterior post)
La idea de ciudadanía es paradigmática del concepto francés de Estado democrático, convirtiéndose en el pilar de una sociedad de hombres libres e iguales desde el hecho fundante revolucionario de 1789, como herencia de la civilidad ilustrada que se propaga por Europa con el fragor de las guerras napoleónicas y el raciocinio legal de la experiencia codificadora. Así, Francia siempre ha vinculado la extensión de los derechos de ciudadanía a la adquisición de la nacionalidad, más que a la concesión de un status a los residentes legales: la condición de ciudadano, incluso por nacimiento en el territorio francés, va ligada, pues, a la titularidad de esos derechos.
Sin embargo, otra crisis nacional vivida en 2005, ésta en el otoño, en las banlieues de las ciudades, y en especial en París, puso en cuestión este modelo de integración, al haber estallado en núcleos de las periferias urbanas poblados por la primera o segunda generación de hijos de inmigrantes, y por tanto ya franceses, como consecuencia del desempleo, la desesperanza y la ausencia de incentivos para eludir la exclusión social. Esta imagen ha estado muy presente en las propuestas de los candidatos: hasta cierto punto, puede afirmarse que Sarkozy ha alentado el voto del miedo en pro de soluciones de orden auspiciadas por una visión restrictiva, y no demasiado inclusiva, de la legalidad republicana; de forma que ahora se espera de él no sólo una regulación estricta de los flujos migratorios –lo que cabría deducir fácilmente si se piensa que ha recogido buena parte del voto del Frente Nacional–, sino también un modelo de integración de tintes claramente asimilacionistas, asociado a una severa concepción de la seguridad pública, más que a una idea neorrepublicana de la seguridad individual, que parecía más presente en la candidata Royal.
Por último, la tríada de valores revolucionarios que subyace a la idea republicana, y en la que se basarían las dos anteriores nociones, en especial la segunda por lo lábil de la primera, se enfrenta a la gestión de la diversidad que puebla la Francia de hoy. ¿Son completamente compatibles los principios de la República, plasmados, por ejemplo, en la laicidad de la escuela, con el respeto a las identidades de quienes provienen de tradiciones no situadas tan cerca del foco de irradiación, del núcleo axiológico de la democracia occidental? Si Royal ha mostrado una cierta adhesión al universalismo de esos valores, a la tricolor y La Marsellesa, a la validez de 1789, siendo la heredera actual de una ideología inicialmente yugulada en la convulsión de 1848 y acaso la más proclive a una prédica de la tolerancia para con gentes que vienen de otras culturas, Sarkozy ha abordado la cuestión con una reafirmación tajante de su versión de la cultura política republicana, con la exaltación del imperio de la ley en su dimensión más limitativa de derechos.
Otros asuntos podrían llevarnos a profundizar en esta reflexión, y entre ellos se sitúa, por ejemplo, la posibilidad de refundar la V República hacia una VI más parlamentarizada, en contra de la vocación y voluntad originaria del General De Gaulle, así como del dualismo típico del constitucionalismo francés, de la que los Gobiernos de cohabitación habrían constituido su última manifestación. Una refundación que sólo se habría acometido si Ségolène Royal hubiera vencido el domingo, y entre cuyos ingredientes se hallaban tanto innovaciones que retornaban a lo más puro de la soberanía popular y la tradición convencional, como los jurados populares de evaluación de los altos cargos; como otras ciertamente revolucionarias a estas alturas, tales como el aumento de los poderes de las regiones o la prohibición de acumulación de cargos y de mandatos, auténtica fuente de desprestigio (merecido) de la clase política francesa. Al final, parece que Sarkozy ejercerá en plenitud los poderes presidenciales que le atribuye la Constitución de 1958; ya veremos en qué medida afectará esto a la inmigración y la construcción de identidades complejas en la República.