En una sociedad de inmigración, como la que se está configurando en los últimos años en España, resulta prioritario favorecer los mecanismos normativos y los recursos institucionales necesarios para lograr una sociedad integrada, en la que quepa y se sientan a gusto tanto los nacionales como los recién llegados. En este sentido, el status de ciudadanía puede desempeñar un papel relevante. Con todo, la ciudadanía como mecanismo de cohesión social constituye una cuestión abierta a debate, pues no siempre la concesión de la ciudadanía equivale realmente a integrar. Pero también es cierto que la puesta en marcha de políticas de inclusión cívica dirigidas a extender el estatuto de ciudadanía a los inmigrantes ya establecidos tiene una indudable ventaja en aras de su integración social y política: impide o al menos obstaculiza que se consolide una categoría social, perpetuada de padres a hijos, de residentes no ciudadanos, de metecos.

Con las salvedades que se quieran hacer, el Estado español ha mantenido desde hace tiempo una generosa política de reconocimiento de la nacionalidad para los descendientes de los emigrantes españoles. Recientemente el gobierno ha aprobado un proyecto legislativo que refuerza esta política. Esto corresponde, sin duda, a la tradicional percepción de España como un país de emigración y a las previsiones recogidas en la Constitución de 1978. Este fenómeno está ahí, pero también es cierto que desde hace unos años España se ha transmutado en un país de inmigración, con casi un 10% de su población residente de origen inmigrante. En este nuevo contexto social, el Estado español no se muestra tan abierto a la concesión de la ciudadanía a sus nuevos miembros. La excepción sería la política favorable a los emigrantes procedentes de las antiguas colonias americanas.

Para fomentar el debate, quería señalar la existencia de una asimetría sobre la que considero que es necesario pensar en público, pues tras ella podría ocultarse un injustificado trato no igualitario. ¿Cuál sería esa asimetría? El hecho de que, por un lado, residentes legales, que trabajan, que pagan sus impuestos, que gozan y padecen las de los gobernantes de este país, no tengan derechos políticos de ciudadanía y que, por otro lado, descendientes de españoles –y me refiero sólo a aquellos que nunca hayan residido en España- puedan no sólo tener acceso a la nacionalidad y puedan disponer de pasaporte, sino que además dispongan de derechos políticos de ciudadanía. De modo que pueden, por ejemplo, elegir a unos representantes políticos que pretenden subir los impuestos que esos electores nunca van a pagar porque no residen en España. Y quien dice impuestos, dice también medidas o leyes a las que los descendientes de emigrantes no residentes nunca tendrán que someterse. Pienso que esa asimetría hay que superarla, lo que no sé muy bien es por qué lado sería mejor hacerlo.

En todo caso, el sistema democrático tiene la enorme virtud de convertir a los destinatarios de las leyes en autores de las mismas mediante la participación directa o indirecta en el proceso legislativo. Quizás ahí estribe su grandeza. Por eso mismo, no sería democrático ni justo que quienes participan como autores de las leyes luego no estén sometidos a esas mismas. Esa no es la lógica democrática. No se trata tan sólo de que el elector deba estar enterado de las diferentes ofertas electorales y del perfil de las personas a la que se eligen (¡que también!), sino de que el elector esté en situación de ser receptor de las propias decisiones, esto es, de que pueda 'disfrutar' o 'sufrir' sus propias decisiones. ¿Con qué legitimidad alguien que vive de manera habitual bajo la jurisdicción de un determinado país puede participar en otro país en el que no vive en el proceso de configuración de leyes y decisiones a las que finalmente no va a someterse?