La Constitución Española de 1978 establece un modelo de relación Iglesia-Estado marcado por la separación de las respectivas esferas, de modo que el Estado como tal se caracteriza por su aconfesionalidad. Ello no obsta, sin embargo, para que el Estado pueda establecer relaciones de cooperación con las distintas confesiones, empezando por la Iglesia Católica, a la que se nombra en el art. 16.3. Esta mención específica a la Iglesia Católica obedece, sin duda, a razones históricas y a circunstancias coyunturales que cambian con el paso del tiempo. En el momento histórico en que se redactó la Constitución Española el pluralismo religioso en España tenía unas dimensiones reducidas. Hoy, sin embargo, la situación resulta bien diferente. Es innegable que entretanto se ha experimentado un importante proceso de secularización, de modo que el agnosticismo y el ateísmo práctico son opciones abrazadas por una parte cada vez más significativa de la población. Además, otro fenómeno creciente es el de la multitud de cristianos que no se sienten identificados con ninguna iglesia. Y, por otro lado, nuestra sociedad va recibiendo la incorporación cada vez mayor de inmigrantes que reivindican la enseñanza en la escuela de otras religiones, entre ellas la religión islámica. El pluralismo en materia religiosa es un dato fáctico en la sociedad española. De ahí que la situación destacada que la Iglesia Católica aún disfruta en el ámbito público genera incongruencias en el ámbito normativo y disfunciones en lo social.
Valga un ejemplo conocido por todos: tras los terribles atentados terroristas del 11 de marzo se celebraron unos funerales de Estado por las víctimas presididos por las máximas autoridades políticas. Los funerales se celebraron exclusivamente por el rito católico, con independencia del credo o no credo que profesaran las víctimas. Se daba, sin embargo, la circunstancia de que entre las víctimas había además de católicos, ateos y agnósticos, y que a esa pluralidad, a la que ya andamos bastante familiarizados en España, se añadía también musulmanes, protestantes evangélicos y cristianos ortodoxos, algo nada extraño dada la condición de inmigrantes de muchas de las víctimas. ¿Por qué desde las instituciones del Estado no se tuvo más sensibilidad por las personas y por su diversidad cultural y religiosa? Creo que eso va más allá del hecho de que dicho funeral fuera uno de los últimos actos público del gobierno de Aznar. Más bien responde a que existen rutinas en los comportamientos públicos que no se ponen nunca en cuestión y menos en situaciones críticas. Si el Estado tuviera la tradición de observar una estricta separación Iglesia-Estado se hubieran tenido que celebrar otro tipo de funerales de Estado más conforme con la realidad social.
El incremento de la inmigración en España pone encima de la mesa la apremiante necesidad de asegurar la cohesión social. Se está generado una nueva sociedad en la que debemos adaptarnos todos, los autóctonos y los recién llegados. A los recién llegados le podemos pedir honestamente que acepten el marco general de convivencia, que respeten los derechos humanos y el sistema democrático, pero no podemos exigirles que renuncien a sus religiones ni a sus culturas de origen ni, ya en un ámbito quizás más anecdótico, a sus hábitos culinarios y formas de vestir. Pero es más, para conseguir una sociedad integrada nadie duda del papel fundamental que debe desempeñar la educación común. Ahora, que nos hemos convertido por la fuerza de los hechos en una sociedad de inmigración, es más importante que nunca que contemos con un sistema educativo que transmita unos valores mínimos, pero comunes para todos. Fundamentalmente estos sólo pueden ser los derechos humanos y los principios del Estado democrático de derecho. De esto precisamente es de lo que versa la asignatura denominada ‘Educación para la Ciudadanía’ (o como finalmente se acabe llamando).
Por eso resulta realmente preocupante que un sector importante de la Iglesia Católica, con la Conferencia Episcopal a la cabeza, intente boicotear esta asignatura. No es toda la Iglesia, pues gran número de órdenes religiosas que regentan la mayoría de las escuelas confesionales han mostrado, en términos generales, su conformidad con los planes ministeriales. Se puede –y se debe- discutir determinados contenidos de dicha asignatura y sería bueno que se llevasen la discusión a la esfera pública. Pero lo que no parece de recibo es que la Iglesia Católica se oponga frontalmente a la idea de dicha asignatura, porque de esta manera se cargando llana y simplemente la posibilidad de encontrar unas bases comunes sobre las que asentar la convivencia entre todos los españoles, que cada vez más, como digo, son más plurales en sus inclinaciones y preferencias religiosas, ideológicas y cosmovisionales.
En unos tiempos en los que el pluralismo y la diversidad han crecido en las escuelas, la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía pretende condensar lo que se entiende por patrimonio común de valores, compartido y asumido por todos, desde las primeras etapas de la formación. Como cualquier materia escolar puede ser objeto de adoctrinamiento, pero eso depende como siempre del docente y de las orientaciones del centro, pero no de la materia en sí. Lejos del adoctrinamiento, con esta materia busca todo lo contrario: generar en los alumnos la capacidad crítica para evitar la recepción irreflexiva de ideas.