Entre los principales retos que comportan los masivos flujos migratorios se encuentra el de conjugar el legítimo deseo de emigrar de unas personas con las necesidades de los países receptores. La decisión individual de intentar pasar del Tercer Mundo al Primero, con todas sus innegables oportunidades materiales, es fácilmente comprensible y difícilmente censurable. Por otro lado, y mientras no se subvierta la lógica estatal predominante en la geopolítica actual, cada país tiene derecho a controlar sus fronteras y a gestionar sus flujos inmigratorios, respetando, eso sí, la legislación internacional vigente en materia de derechos humanos.
Desde hace tiempo, la Unión Europea se ha propuesto convertirse en la economía más competitiva y dinámica. Eso no será posible con una población envejecida. Para lograr ese objetivo, los inmigrantes resultarán imprescindibles. En una Europa en declive demográfico, los recién llegados no solucionarán los todos los déficits del sistema de Seguridad Social y pensiones, agravados por la baja natalidad autóctona, pero sin duda ayudarán a paliarlos de manera significativa. Cabe aprender de los errores de los demás: como nos muestra el caso del Japón, su cerrazón inmigratoria agravó su recesión con la caída de la población activa y del consumo.
La inmigración tiene innegables efectos positivos, tanto en lo social y en lo cultural como en lo económico. En este último capítulo, el vigoroso crecimiento de la economía española durante la última década no hubiera sido posible sin los más de cuatro millones de inmigrantes llegados en ese período. El empleo también se ha visto favorecido, pasando el número de ocupados de 12.373.000 en el año 1995 a 17.751.000 en el 2005. Pero no puede obviarse el rechazo que genera en ciertos sectores de la población porque sus costes y beneficios no están distribuidos de manera equitativa. La competencia de mano de obra barata puede afectar negativamente a los trabajadores no cualificados en la industria y en los servicios. También son las clases medias y bajas quienes deben convivir con inmigrantes de otras culturas en los barrios populares y compartir con ellos escuelas y servicios públicos. En cambio, las clases altas y los trabajadores de cuello blanco se benefician del aumento de productividad que aporta esa mano de obra barata y de la ampliación de los mercados con nuevos consumidores. Y por supuesto sus hijos van a diferentes escuelas.
El envejecimiento de Europa sólo puede compensarse mediante la apertura al mundo. Europa debe vivir como una oportunidad inmerecida la llegada de gente con ambición de labrarse un futuro mejor y de contribuir al país que le acoge. Pero debe afrontar el reto de la integración de la nueva población de una manera inteligente: respetando sus formas particulares de vida y haciendo respetar los valores, los principios jurídicos y las leyes europeas, empezando por los derechos humanos y la democracia (cuya validez supera, por supuesto, los ámbitos del Viejo Continente).
L
a integración es necesaria y es factible, siempre que realicen las inversiones que se requieren para que las redes de protección social sean mucho más densas. Hay que dedicar más recursos a la educación para que cada niño, autóctono o inmigrante, desarrolle todo su potencial. Hay que planificar las ciudades para evitar guetos. Hay que garantizar servicios públicos de calidad y oportunidades económicas en los barrios desfavorecidos. Y, por último y no menos importante, hay que promover la emancipación de la mujer inmigrante y su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que el varón. Sólo extendiendo el Estado de Bienestar también a los inmigrantes será posible avanzar en la constitución de una sociedad integrada sin desigualdades ni exclusiones injustificadas.