Rumanía y Bulgaria serán miembros de pleno derecho de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2007. A partir de esa misma fecha los rumanos y búlgaros serán, en consecuencia, ciudadanos de la Unión Europea y, por tanto, podrán acceder en España a la tarjeta comunitaria (o tarjeta de régimen comunitario, para la que no existe ningún cupo limitado). La posesión de dicha tarjeta les permitirá estar de manera legal en cualquier país de la UE y, sin embargo, no les facilitará poder trabajar por cuenta ajena hasta enero de 2009. Con todo, a partir del 1 de enero de 2007 los rumanos y búlgaros podrán entrar, salir y permanecer en España sin visado y tan sólo con la carta nacional de identidad o con el pasaporte.

¿Por qué ese desfase entre la fecha de entrada de Rumanía y Bulgaria en la UE y la fecha para que sus ciudadanos puedan disfrutar en España los derechos que les corresponde como ciudadanos europeos? Se podría explicar de este modo: como otros gobiernos europeos, y en el ejercicio de sus competencias legales, el gobierno español quiere imponer una moratoria de dos años a la libre circulación de personas procedentes de estos dos nuevos Estados socios. De hecho, los tratados de adhesión contemplan moratorias de hasta siete años, pero el ministro Moratinos ha anunciado que se reducirá a solamente dos años. Con todo, esta aparente generosidad no parece una medida muy acorde con el espíritu comunitario y responde, más bien, a los temores de inmigraciones masivas que en España, por cierto, ya se han producido por anticipado.

Resulta poco consecuente que cuando ambos países ingresen en la UE sea cuando España les controle la entrada. Si tal control era necesario, debería haberse hecho desde un principio y no contribuir a que el concepto de ciudadanía europea se vea devaluado con medidas restrictivas. La inmigración búlgara es relativamente moderada, pero el número de rumanos en España podría superar ampliamente el medio millón, de los que la mitad se encontrarían en situación irregular. Con la moratoria, el gobierno español trata de impedir la regularización automática, el próximo 1 de enero, de esos miles de sin papeles y la llegada inmediata de otros tantos. Mientras los regularizados se beneficiarán de su ciudadanía comunitaria y podrán ejercer, entre otros beneficios, el derecho al voto en las elecciones municipales de mayo de 2007, los no legalizados seguirán integrando esa economía sumergida que tanto perturba el mercado laboral español.

Los partidos políticos han tomado ya buena nota de lo que representa en cifras absolutas y relativas el colectivo de inmigrantes rumanos y, en menor medida, búlgaros residentes en España: casi medio de nuevos votantes, un gigantesco y apetitoso ‘caramelo’ para cualquier partido. Pero hasta el momento ninguno de los grandes partidos españoles ha solicitado la supresión de la moratoria decidida por el Gobierno español. Así, rumanos y búlgaros podrán circular libremente por el territorio español, por supuesto, dada su condición de ciudadanos comunitarios, pero no tendrán libre acceso al mercado laboral: para trabajar en España tendrán que seguir pidiendo una autorización administrativa.

Un artículo sumamente interesantes y recomendable acerca del voto de rumanos y búlgaros en las próximas elecciones municipales: