En nuestros días, iniciado ya el siglo XXI, los distintos puntos del planeta se encuentran conectados en cuestión de segundos. Se producen intercambios a una velocidad inimaginable entre puntos remotos del planeta, de modo que la circulación de información o de recursos materiales y económicos se ve facilitada enormemente... pero las fronteras están abiertas para las transacciones financieras y comerciales, no para las personas.

Mientras por doquier se levantan las barreras que impiden la libre circulación de mercancías y capitales, simultáneamente se niega o se restringe la libre circulación de las personas. A ninguna autoridad del Estado parece preocuparle esta flagrante contradicción entre los principios de las democracias liberales. Sin apenas pararse a pensar en las consecuencias, en nombre de la seguridad y el interés nacional se refuerzan las medidas de control de las fronteras, se desarrolla una estrategia de creciente militarización de las mismas  (vallas, SIVE, FRONTEX) y de control de las aguas territoriales de diversos países africanos. El efecto de esta deriva es que el Atlántico y el Mediterráneo se han convertido en una fosa para miles personas que intentaron la travesía desde diferentes puntos del continente africano.

"Con la excusa de combatir la inmigración clandestina, los gobiernos están adoptando políticas represivas y expanden cada vez más las fronteras de las naciones enriquecidas mediante centros de detención, desalojos, expulsiones, y selección de la mano de obra." (Extracto de Llamamiento sobre migración del Foro Social Mundial Policéntrico  de Bamako/Malí, de enero de 2006).

Con esta última frase se abre el Manifiesto Estatal por los Derechos de los Inmigrantes, puesto recientemente en circulación con el objeto de denunciar la creciente violación de derechos en nombre de la seguridad nacional.