Comentario de Noelia González (29/09/2006) a ¿Es sostenible una sociedad dividida entre ciudadanos e inmigrantes?
Es verdaderamente inquietante observar como el Estado democrático, que surgió con la finalidad de otorgar igualdad a todos sus miembros, está degenerando cada vez más en un sistema feudal o de castas. El hecho de que a los extranjeros residentes temporales y permanentes (exceptuando los procedentes de Noruega y de la UE) no les sean reconocidos derechos políticos revela una situación de exclusión y desigualdad. Al no reconocer la plena pertenencia a la comunidad de determinados grupos por cuestión de su origen se contribuye a una jerarquización de la sociedad. Esto se traduce en la existencia de grupos sociales con diferentes derechos: ciudadanos con plenos derechos políticos, extranjeros residentes de países de la UE que tienen derecho a participar en las elecciones municipales y las europeas, y finalmente el grupo de aquellos a los que no se les reconoce ningún derecho político.
Esta situación sorprende porque los extranjeros residentes contribuyen al sostenimiento de los bienes públicos del Estado a través del pago de impuestos con las mismas obligaciones que los ciudadanos españoles. Por lo tanto, parece lógico que puedan participar en los procesos electorales que deciden quiénes gestionarán tales recursos. Por otro lado, los extranjeros también forman parte de los agentes que actúan en la esfera pública, participan y organizan asociaciones civiles que tienen un papel activo en la vida socio-política de un Estado. Esto les convierte en miembros “de facto” de la comunidad política aunque no sean miembros de derecho.
El reto consiste ahora en superar las políticas del miedo que se escudan bajo el lema de la seguridad y en proponer una serie de medidas inclusivas que reconozcan como clave del autogobierno de una democracia el que aquellos que estén sujetos a la ley sean a la vez sus autores. Esto significa que tanto ciudadanos como residentes puedan participar en la vida política, se puedan presentar como candidatos y puedan votar tanto en elecciones municipales, estatales o europeas.
En definitiva, las razones que justificarían el acceso de los residentes a los derechos políticos son, en primer lugar, que se requiere un esfuerzo mayor que conceder derechos civiles y sociales a los residentes temporales y permanentes para facilitar su integración. En este sentido, su inclusión en la vida política enriquecería el debate público y contribuiría a la creación de una verdadera comunidad política. En segundo lugar, su reconocimiento como miembros de la comunidad política satisfaría el principio de autonomía pública, que tal y como lo formula Seyla Benhabib supone reconocer la libertad comunicativa y la personalidad moral de los extranjeros también en la esfera política.