La vía abierta por la proposición no de ley aprobada en febrero y reiterada ahora por los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Verde en el Congreso de los Diputados no es más que la ejecución o desarrollo del art. 13.2 de la Constitución Europea, único, por cierto, que fue objeto de reforma en 1992 con el fin de atribuir tal derecho a los extranjeros comunitarios, a resultas de la ratificación del Tratado de la Unión Europea tras la Declaración del T.C. 1/1992, de 1 de julio.

Dicho precepto constitucional contiene dos requisitos, uno material y otro formal, para que opere la excepción a la atribución del derecho sólo a los ciudadanos españoles. El primero, la existencia de criterios de reciprocidad, esto es, que los nacionales españoles gocen y puedan ejercer el mismo en los Estados a cuyos nacionales se pretende atribuir su titularidad y ejercicio en España. El segundo, que éstos se reconozcan por Tratado o Ley, esto es, o con Tratados bilaterales o multilaterales con los Estados que se reconocen mutuamente el derecho de sufragio para sus respectivos nacionales; o bien mediante la Ley Electoral, si bien es cierto que, por razones técnicas y procedimentales, lo usual será firmar y ratificar el Tratado o Protocolo para luego operar la modificación legislativa oportuna.

Es un avance que se pretenda extender el derecho de voto más allá de los ciudadanos de la Unión Europea, con criterio generoso pero medido y analizando caso por caso. Pero esta iniciativa no debe hacernos pasar por alto que los criterios de reciprocidad aludidos en el art. 13.2 de la C.E. responden al reconocimiento del derecho a las personas en razón de la nacionalidituad o ciudadanía, no de la residencia legal, y que la fuente normativa, el Tratado o Ley, persigue la subordinación a tales criterios rectores como el expediente jurídico más apropiado.

Por ello reitero la opinión que he expresado aquí más ocasiones: hay que ser ambiciosos y aspirar a una sustitución del concepto de ciudadanía basado en la nacionalidad por otro que parta de la residencia legal con un cierto carácter de permanencia. Como el tema alcanza más allá del ámbito de un Estado (España en nuestro caso), ha de ser abordado en el más amplio contexto del debate sobre la ciudadanía europea, abandonado a expensas de la paralización del proyecto constitucional aprobado en Roma como segundo Tratado fundacional europeo el 28 de octubre de 2004, merced a los resultados de los referendos en Francia y los Países Bajos.

Y ello porque la integración social de los inmigrantes y la elaboración de un concepto político de ciudadanía válido y eficaz para cuantos residen en territorio europeo son, como también he señalado en alguna intervención anterior, una cuestión transnacional o, si se prefiere al hablar de la Unión Europea, supranacional. Que España dé una regulación que reconozca el derecho a los nacionales de Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay y Colombia (Ecuador quedaría fuera por aplicación del criterio de reciprocidad) o que las antiguas potencias coloniales emprendan políticas de integración con los ciudadanos de la Communauté, la Lusofonía o la Commonwealth, siendo pasos en la dirección adecuada, no harán sino reincidir en la "nacionalización" del problema y en diferentes modelos de integración según se admite comúnmente, sea el "melting pot" anglosajón, la idea republicana francesa o las facilidades para la naturalización en Alemania.

La puesta en cuestión de alguno de estos modelos (crisis de las banlieues en Francia, atentados por musulmanes británicos) es otro acicate para la búsqueda de un modelo europeo de ciudadanía e integración social y política, como queda dicho.