Según se van acercando las fechas de las próximas elecciones locales, que se celebrarán en toda España el último domingo de mayo de 2007, los partidos políticos van poniendo a punto sus maquinarias electorales, eligiendo sus candidatos y perfilando sus estrategias a la búsqueda del deseado voto. Los resultados, siempre inciertos, pueden depender de un puñado de votos. Por eso, cada voto adquiere un enorme valor. Y de esa puja no se librarán los votos de los inmigrantes.
De acuerdo con la legislación vigente, de momento podrán votar, además de los más de 200.000 extranjeros de origen que recientemente han adoptado la nacionalidad española, algo menos de un millón de ciudadanos de la Unión Europea que residen en España. Está aún por ver si podrán hacerlo los búlgaros y rumanos, cuestión que dependerá de que sus respectivos gobiernos concluyan su proceso de integración en la Unión Europea antes de que se convoquen las elecciones municipales. Los ciudadanos comunitarios disfrutan además del derecho a ser candidatos en este tipo de elecciones. Para ello no precisan acreditar conocimiento alguno de la lengua del lugar.
Según los datos del padrón facilitados en junio de 2006, 1.958.091 personas que residen legalmente en España, y no sólo están empadronadas, sino que pagan sus impuestos y, en su caso, pagan sus contribuciones a la Seguridad Social, no podrán votar y elegir a quienes tendrán administrar los municipios en donde residen. La razón no es otra que la que el Gobierno aún no ha firmado los convenios de reciprocidad con sus países de origen, que es la condición que impone el art. 13.2 de la Constitución para reconocer el derecho de sufragio a los extranjeros(*).
Respondiendo a una iniciativa parlamentaria de IU aprobada en febrero de 2006, el Gobierno ha decidido impulsar los convenios internacionales necesarios para todos los extranjeros legalmente residentes en España puedan votar en las próximas elecciones locales. Todos los partidos políticos se han manifestado en principio a favor del voto de los inmigrantes, aunque varios representantes de CiU han manifestado sus reservas en cuanto a la oportunidad de la propuesta.
Más allá de los intereses electorales de los partidos, la regulación de derecho de sufragio de los inmigrantes es un elemento relevante de cualquier política de integración. La participación política de todos quienes se residen legalmente en un país es, sin duda, un instrumento que facilita la integración de la sociedad. Su participación como electores y elegibles en los comicios locales los convierte en actores de su entorno inmediato, promoviendo su implicación en la vida municipal y, muy probablemente, una actitud de mayor consideración por parte de algunos líderes políticos. Como señala un conocido clásico de la política, Tocqueville, el medio más poderoso y quizá el único que nos queda para interesar a los hombres en la suerte del país en el que viven, es el de hacerles participar en su gobierno. ¿Cómo sino se puede pedir lealtad a alguien sin permitirle participar con su propia voz en las decisiones que le afectan? ¿Cómo se le puede negar el derecho a votar a quien previamente ha pagado sus impuestos? Como decían con razón los independentistas norteamericanos: No taxation without representation. En la tradición liberal democrática, en la que se inserta nuestro ordenamiento político, tiene derecho al voto todo individuo mayor de edad avecindado en uno de los municipios del territorio y que paga sus impuestos. Condicionar el acceso del inmigrante a la ciudadanía democrática - y el consiguiente derecho de voto - a la reciprocidad internacional no conduce sino a excluir a quienes proceden de países no democráticos. La política sobre esta materia no debería estar condicionada por la práctica de los países de origen, sea cual fuere, precisamente porque responde a exigencias inherentes a nuestro propio sistema, no al suyo.
Aunque no sean muchos los que se atreven a manifestarse en contra de la propuesta, es cierto que se extiende la opinión de que es preciso no dar pábulo a la xenofobia siempre al acecho. Así, se manifiesta, por ejemplo el editorialista del diario 'La Vanguardia': "jugamos con fuego si entre los nativos se extiende la sensación de que pierden el control de sus propias ciudades". Pero cabría preguntarse: ¿no jugaríamos también con fuego si institucionalizamos una sociedad dual con dos clases diferenciadas: una compuesta por individuos que disfrutan de todos los derechos y otra compuesta por individuos con derechos limitados? ¿No es la falta de integración interna el mayor riesgo para el futuro de nuestra sociedad?
(*) A la fecha de hoy, aparte del convenio de reciprocidad firmado y ratificado con Noruega, el Estado español ha firmado, pero no ratificado, convenios con algunos países iberoamericanos: Colombia (182.223 ) Argentina (74.617), Venezuela (24.540), Uruguay (21.983) y Chile (17.727), lo que podría permitir que muchos inmigrantes pudieran votar en 2007 (entre paréntesis el numero de afectados por la medida). Se pretende también agilizar las gestiones para cerrar convenios similares con los dos países con mayor número de emigrantes en España: Marruecos (503.966) y Ecuador (339.618). Con este úlitmo país existe un problema: la constitución ecuatoriana prohíbe taxativamente el voto a los extranjeros.