Al final es la otra cara de la moneda. La Comunidad que nació hace medio siglo como Mercado Común se encuentra ahora con el reto de acoger la mano de obra que posibilita el nivel de desarrollo de los países de la Unión Europea, esto es, los trabajadores provenientes de la orilla sur del Mediterráneo.
La inmigración es una realidad transnacional que sobrepasa las tradicionales competencias de los Estados para la regulación de la extranjería, expresión de la soberanía nacional sobre la admisión de quienes no comparten la nacionalidad del país receptor. La Conferencia Euro-Africana es reflejo de esta realidad, y, en este aspecto, continuación de la recuperación del Proceso de Barcelona, reabierto a iniciativa del Gobierno español con la Conferencia habida el pasado noviembre.
La dimensión euromediterránea aparece así como uno de los ejes de la política exterior de nuestro país. Incluso Euromed figura entre las instancias supranacionales a las que se dirige la actual diplomacia parlamentaria, al mismo nivel que la O.S.C.E., la O.T.A.N. o el Consejo de Europa, como puede comprobarse con un vistazo rápido a la web del Congreso de los Diputados.
Con todo, que la Unión Europea tome la inmigración entre sus prioridades más allá de la visión de la misma dentro del ya viejo "tercer pilar" sigue siendo acaso necesario pero no suficiente. La ayuda al desarrollo debe constituir el otro puntal. En España, ya desde finales de los 90 pero mucho más ahora con especial atención, todas las Administraciones Públicas han querido implicarse en una política de cooperación, que sólo ahora empieza a aportar pequeños frutos comunes. Una política comunitaria europea de cooperación habría de ser el propósito (y el instrumento final). Sólo el "poder blando" de la U.E. parece en condiciones de promover el desarrollo de los países más desfavorecidos.
Procurar en ellos condiciones de vida y trabajo dignas sería el objetivo definitivo. En los paises europeos receptores, la precariedad laboral y la inseguridad de los inmigrantes siguen estando pendientes de atajar por las autoridades. En Madrid, el estremecedor y reciente caso del albañil colombiano muerto en una nave en Loeches a las 4 horas de entrar en su nuevo puesto de trabajo es la muestra desgarradora de lo que queda por hacer.
Para terminar, una nueva publicación; no la he leído pero por los autores parece una buena referencia:
Veinte años de inmigración en España: Perspectiva jurídica y sociológica (1985–2004)
Eliseo Aja y Joaquín Arango (editores)
Barcelona: Fundación CIDOB; 2006
416 pág. (Interrogar la Actualidad; Migraciones)
23 €
Una iniciativa conjunta de la Diputación de Barcelona, Fundación CIDOB, Fundació Jaume Bofill, Fundación Ortega y Gasset, Instituto de Derecho Público y Patronat Català Pro Europa.
El derecho y las ciencias sociales proporcionan las dos aproximaciones a partir de las cuales este libro intenta percibir el fenómeno inmigratorio en España de las dos últimas décadas. Por un lado, se estudia la legislación aplicada a esta nueva realidad, y se destaca la regulación de las entradas y el control de las fronteras, entre otras cuestiones. Se analizan también sus dimensiones demográficas y sociales, así como su distribución territorial y el acceso a las prestaciones sociales. Los trabajos recogidos en esta obra pretenden contribuir a un mejor conocimiento de la inmigración en España y proporcionar elementos para mejorar su gestión.
Eliseo Aja
Catedrático de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derecho Público, Universitat de Barcelona.
Joaquín Arango
Catedrático de Sociología, Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía, Fundación Ortega y Gasset.
(Fuente:
http://www.cidob.org/CIDOB_News/numeros/2006/06_06_CIDOB_news_cast.htm)