La inmigración constituye un asunto no sólo de política interior o nacional, sino también de política internacional. El pasado día 10 de julio declaraba el Ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, en la Conferencia Euro-Africana sobre Migración celebrada en Rabat, que “la inmigración debe de ser una política organizada y controlada en el marco de concertación entre Estados”. Es en ese contexto –y en el convencimiento de que Europa no puede soportar una inmigración masiva y desordenada– en donde se ha arrancado a varios países africanos el compromiso de combatir la inmigración ilegal mediante “la readmisión de inmigrantes en situación irregular”. Sin embargo, la propuesta de varios países africanos, como Senegal, ponía el acento en otro aspecto de la cuestión: en la necesidad de implementar amplios programas de desarrollo económico susceptibles de fijar a la población en sus países de origen. En esta misma dirección se han manifestado numerosos expertos, que abogan por una política de “codesarrollo para las migraciones” (Samir Naïr, 2006) como pilar imprescindible en una política migratoria integral (Joaquín Arango, 2005). La cuestión, sin embargo, no estriba en unas diferencias de sensibilidad entre Europa y África, sino en un problema que atañe a la propia concepción de la justicia en su concepción más global.

Las migraciones no pueden seguir considerándose tan sólo como una variable neutra del funcionamiento del mercado, sino como un vector de desarrollo y solidaridad entre los pueblos.

Una visión crítica acerca de las conclusiones de la mencionada Conferencia puede verse en el comunicado emitido por la asociación SOS Racismo.