En el pasado mes de diciembre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una reforma de la política migratoria, entre cuyas medidas se incluye convertir en un delito la inmigración ilegal y privar de la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. Se estima que en este país residen hoy en día entre 10 y 12 millones de inmigrantes sin la documentación requerida. La posibilidad de que sean declarados delincuentes millones de personas que viven y trabajan pacíficamente en el país, y de que también sean acusados de violar la ley quienes les dan ayuda, ha levantado una ola de protestas, encabezada por organizaciones religiosas, sin precedentes en las últimas dos décadas.
Las posiciones están fuertemente polarizadas entre quienes quieren convertir el tema de la inmigración clandestina en un simple problema de seguridad con el blindaje de la frontera sur y los que pretenden cambiar radicalmente la actual ley para tratar de encontrar una solución permanente e integral al problema, más acorde con la tradición de acogida que ha caracterizado la historia de la democracia estadounidense.
Ante tal reforma de las leyes migratorias, y ante prácticas no muy distintas puestas en marcha en los ricos países de la Unión Europea, reflexiones del siguiente tenor cobran todo su sentido:
"Uno de los conceptos más curiosos que se han creado por el uso represivo de las fronteras y por el control de la migración es el de «personas ilegales», también llamadas «sin papeles». Acostumbrados como estamos a oírlo todos los días, no reparamos en el hecho de que se trata de un profundo sinsentido. ¿Cómo puede ser alguien una persona ilegal? Normalmente, se consideran ilegales las conductas, los bienes (por ejemplo, si son bienes ilícitos, obtenidos por la comisión de delitos), pero no las personas. Situar a las personas como ilegales se debe contar entre las aberraciones más grandes que se hayan cometido en nombre del derecho, y eso a pesar de que la lista de horrores perpetrados aduciendo los mandatos de la ley no es precisamente corta".
(Miguel Carbonell: "¿Se justifican las fronteras en el siglo XXI?", en Will Kymlicka, Fronteras territoriales, Trotta, Madrid, 2006, p. 10)