La utilización de la nacionalidad -o del status de ciudadanía- como mecanismo de cohesión social constituye una cuestión abierta a debate. La tesis de que conceder la ciudadanía equivale a integrar no siempre está convalidada por la práctica social, por más que sea recomendable en términos ideales y normativos. Es cierto que la puesta en marcha de políticas de inclusión cívica dirigidas a extender el estatuto de ciudadanía a los inmigrantes ya establecidos tiene una indudable ventaja en aras de su integración social y política: impide o al menos obstaculiza que se consolide una categoría social, perpetuada de padres a hijos, de residentes no ciudadanos, de metecos.

No es, con todo, un instrumento milagroso y menos aún una panacea, pues el mero hecho de otorgar el status de ciudadanía a los inmigrantes tras un período razonable de asentamiento no equivale automáticamente a su integración plena en la vida social. Pero, por el contrario, también es cierto que mantenerlos apartados de la participación política y excluidos de la función pública, por mencionar tan sólo dos aspectos onerosos que habitualmente la privación de la ciudadanía comporta, no ayuda nada en este sentido. No puede negarse, en todo caso, que atribuir un estatuto definido de derechos y obligaciones evita formas flagrantes de marginación (laboral, civil, tributaria, etc.). La concesión de la ciudadanía constituye una condición necesaria para la integración social plena, aunque, desde luego, no es condición suficiente.

Ciertas actitudes como la de otorgar privilegios excluvisamene a los nacionales de determinados Estados -por ejemplo, en virtud de acuerdos de reciprocidad- no hacen sino poner en evidencia la incongruencia de algunas políticas migratorias. Una postura más coherente en términos de integración e inclusión social consistiría en afirmar que todas las personas que disfrutan del permiso para residir y trabajar en un determinado país deberían tener asimismo el derecho a convertirse en ciudadanos, siempre que satisfacieran ciertas condiciones que nunca deberían ser desproporcionadas: por ejemplo, acreditar dicha residencia por un período moderado de tiempo y cumplir con unas formalidades razonables. Mantener una posición opuesta resulta contradictorio con los presupuestos participativos e igualitarios de un sistema democrático. En las condiciones citadas, el reconocimiento de los derechos políticos es una cuestión elemental: no taxation without representation. Este principio fundador de las democracias modernas también debería servir de guía de la integración política de los inmigrantes. La "ampliación de los derechos" a los extranjeros residentes es la contrapartida lógica de la aportación social y económica que realizan al país de acogida.

El inmigrante, como cualquier persona, tiene derecho a planificar su propia vida. La articulación de un procedimiento transparente para la adquisición de la ciudadanía del país en que se ha insertado ayuda en buena manera a reducir los márgenes de incertidumbre existencial. La exigencia para ello de un período razonable de residencia apuntaría también en esa dirección. En definitiva, disponer de una regulación clara del modo en que se puede adquirir la ciudadanía es una cuestión crucial pues marca el horizonte de expectativas que se le abren al inmigrante por parte del país receptor.

Nota: sobre este asunto, véase en este mismo blog el comentario titulado LOS INMIGRANTES SIN PAPELES: LOS NUEVOS PARIAS.

Aunque el tema de la diversidad cultural no es nuevo, ha sido relanzado en las sociedades occidentales más pujantes, sin duda como consecuencia de los fenómenos inmigratorios, que las tienen como principales destinatarios. El de los países miembros de la Unión Europea quizá sea el caso más evidente, a cuyas tierras, diariamente, intentan arribar desplazados del creciente Tercer Mundo -jugándose las más de las veces la vida en ello- y millones más aspiran con conseguirlo algún día.

Estos procesos migratorios tienen características bien definidas. Por un lado, están los países ricos que son doblemente protagonistas de estas situaciones: asisten, desconcertados, a una inmigración en gran parte no deseada, pero sin duda provocada en buena medida por las políticas destructivas e inhumanas que obligan a aplicar, bajo pretexto de colaboración, a los países menos desarrollados. Políticas que, es bien sabido, hunden cada vez más a Estados que, además de la histórica pérdida de sus bienes y riquezas, ahora tienen que sufrir el éxodo de sus propios habitantes, obligados a huir de situaciones desesperantes sin más aspiración que la de lograr, al fin, una vida aceptablemente digna. Se trata de una aspiración tan humana, tan básica, y que sin embargo no parece tener legitimidad ante cada vez más sectores de un mundo desarrollado que se esfuerza en reducir esta compleja realidad a un mero asunto de seguridad, consiguiendo así una inquietante y tendenciosa equiparación entre los términos inmigración y delincuencia.

Y entre todo ello, los inmigrantes -que son personas, por mucho que produzca rubor tener que recordarlo- quienes luego de no soportar más las crisis totales de sus propios países (que incluyen crisis sociales y financieras y hasta conflictos armados, siempre con el trasfondo económico como principal causante), deben cargar no sólo con el desarraigo, sino con la cada vez más demonizada etiqueta de inmigrantes, condición que, si rápidamente no se cambian las tendencias y se aborda el asunto de manera responsable y racional, puede llegar a condenar a quienes la reciben a una condición de vida inaceptable e incoherente con las prédicas de un Primer Mundo que incluso (y con mayor frecuencia) se permite hacer la guerra en pro de los derechos humanos, pero que a la hora de reconocer éstos a las personas que llegan a sus territorios se limitan a estigmatizarlos y a perseguirlos.