Millones de personas desplazadas desde sus lugares de origen, de manera voluntaria o por fuerza mayor, están poniendo a prueba las bases de unas estructuras sociales y de un orden político que durante siglos habían sido aceptadas como incuestionables. Entre estas bases se encuentran las formas de pertenencia de los individuos a la comunidad política, tradicionalmente asociadas a la noción de ciudadanía. Por si la diversidad interior no fuera ya suficientemente significativa en la mayoría de los Estados, la llegada masiva de inmigrantes confirma que el sueño del Estado-nación homogéneo está más que periclitado. Los nuevos imaginarios colectivos no saben de límites ni de fronteras.

Los inmigrantes son individuos que trabajan y viven en una sociedad, pero con frecuencia no son considerados como miembros de ellas y, menos aún, como legítimos receptores de los derechos derivados de esa pertenencia. Esta paradójica situación resulta aún más llamativa, por no decir sangrante, en el caso de los inmigrantes legales y de larga duración que además de vivir y trabajar pagan sus impuestos como cualquier hijo de vecino.

La diferente adscripción de derechos entre nacionales y extranjeros no es asunto menor y acarrea con frecuencia enormes prejuicios para los afectados. De hecho, deja a los residentes extranjeros en una situación de considerable vulnerabilidad social.

En sociedades democráticas, como las que conforman la Unión Europea, del mismo modo como ya ocurriera en la Atenas clásica, se les niega la condición de ciudadanos a personas que no son meros transeúntes ni turistas, sino habitantes habituales. Ni siquiera la residencia legal convierte a los extranjeros que viven en nuestros países en ciudadanos optimo iure, como dirían los romanos, esto es, en miembros de la comunidad con plenos derechos. La ciudadanía juega así el dudoso papel de mecanismo de inclusión/exclusión social: un principio de inclusión que genera exclusiones colaterales.

En orden a la verdad, se ha avanzado enormemente en lo que respecta a las garantías de residencia y el acceso al empleo de los inmigrantes, pero, con todo, subsisten algunas brechas significativas entre los derechos atribuidos a los ciudadanos y a los residentes legales. Una suerte muy distinta corre, sin embargo, otro importante colectivo. Así, son especialmente sangrantes las diferencias que separan a estos dos grupos de los modernos parias: los inmigrantes indocumentados, los 'sans papiers'. Su situación irregular parece condenarles a una injustificable ilegalidad.