·        Prevé un encierro de los extranjeros en situación irregular de entre 6 y 18 meses. Lo que significa que aumenta la duración de internamiento, que es actualmente de 40 días en España, hasta al menos los 6 meses. Pudiéndose prolongar hasta 18 meses en caso de obstrucción en el curso del procedimiento de expulsión.

·        Prevé una prohibición de entrada en el territorio europeo de 5 años para las personas expulsadas, lo que equivale a criminalizar y excluir a estas personas.

·        Los menores ya no se beneficiarán de la protección que les es concedida, hasta ahora, por el Convenio sobre los Derechos del Niño, que todos los Estados de la Unión han firmado. De hecho, los menores, estén o no acompañados, podrán en adelante ser retenidos/detenidos en centros de internamiento y expulsados como adultos, en violación del principio fundamental del interés superior del niño.

Al analizar el proyecto de Directiva se aprecia que disminuyen las garantías de protección para colectivos más vulnerables protegidos por convenciones de derechos humanos (asilo, menores, vida privada y familiar, etc.) ratificadas por UE y los Estados miembros. También que aumentan las medidas de control y aislamiento de poblaciones señaladas como indeseables, pues lo que se va a permitir es un internamiento administrativo con privación de libertad, sin base penal, absolutamente desproporcionado a la infracción cometida y se lo va a transformar en una norma europea. Teniendo en cuenta que los procesos de expulsión materializables están durando aproximadamente 10 días, está claro que la ampliación del plazo de internamiento a 18 meses significa una criminalización institucionalizada de los inmigrantes sin papeles en Europa.

En el caso Español esta directiva resulta todavía más preocupante, pues los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) españoles acaban de sufrir una dura denuncia, concretamente, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y de Interior del mismo Parlamento Europeo en un Informe Público de marzo de 2008. Sobre la base de una visita a cinco centros (Fuerteventura, Madrid, Barcelona, Málaga y Algeciras) la citada Comisión acusa al Estado Español de vulnerar gravemente los derechos fundamentales de los extranjeros. Por razón de una situación administrativa irregular se encuentran detenidos en centros de carácter penitenciario, en condiciones lamentables y con ausencia de todo control externo sobre la gestión de dichos centros.

Este Informe viene a confirmar todas las denuncias que los grupos pro-derechos humanos vienen realizando desde hace años, reclamando insistentemente su cierre inmediato. De modo generalizado:

• Falta de transparencia de lo que sucede en el interior de los CIEs. No se concede la posibilidad de que las ONGs se entrevisten con los extranjeros.
• Existe hacinamiento y malas condiciones de salubridad.
• Los hijos de los extranjeros son separados de sus padres y llevados a centros de acogida de menores.
• Las visitas están sometidas siempre a vigilancia y sin posibilidad de contacto físico.
• A diferencia de las cárceles, no hay un cuadro de sanciones (leves, graves y muy graves) lo que genera mucha arbitrariedad sobre lo que es sancionable o no y su pena.
• No hay servicio medico regular.

La proliferación de estos Centros de Internamiento, que más bien deberían llamarse cárceles administrativas, dado que el tratamiento que reciben los internos es de carácter carcelario (presencia policial, cámaras de vigilancia, revisión de los efectos personales, reclusión en celdas, etc.), y la forma como se aplican las políticas de repatriación en la UE constituye una lacra inaceptable para la sociedad europea. Los procedimientos administrativos de expulsión están basados en el castigo preventivo, el debelitamiento, cuando no la imposibilitación material del ejercicio de derechos fundamentales recogidos en los textos legales y en las convenciones internacionales, unas condiciones degradantes e humillantes que representan un atentado a la dignidad de las personas extranjeras, etc. Se trata de políticas represivas y supuestamente disuasorias que están contribuyendo a institucionalizar una cultura político-administrativa que crea espacios sustraídos en la práctica a la tutela judicial efectiva y aumenta desproporcionadamente el grado de discrecionalidad de las autoridades policiales y de las fuerzas de seguridad. No resulta exagerado, como vienen señalando los sectores implicados, calificar estas cárceles administrativas de verdaderos agujeros negros en un Estado de Derecho.

Es más, a aquellos que resulta imposible averiguar el país de procedencia o no existe convenio de repatriación con el mismo, se les entrega una orden de expulsión y se les pone en libertad, con lo que en realidad más que del país se les expulsa del sistema de garantías jurídicas y se les coloca en una situación de total desamparo legal. Podría decirse que estas instituciones actúan de facto como creadoras de extranjeros a-legales y marginales.

Ante esta realidad es necesario reaccionar y defender los derechos de los inmigrantes sin papeles, actuar contra una cultura político-administrativa que supedita la garantía de los derechos a supuestos objetivos de seguridad y bienestar de la población autóctona.

Por Liliana Suárez

La distorsión que plantean cientos de miles de residentes legales sin derecho al voto al modelo democrático no admite dudas. Segmentos muy amplios de la clase menos privilegiada no puede votar y por tanto sus intereses colectivos no son representados en el sistema democrático. Para que el sistema siga rigiéndose por el ideario democrático es preciso incorporar a esta población también en el ámbito político. Actualmente, la adquisición de derechos políticos en el caso de los extranjeros no comunitarios está condicionada a la adquisición de la nacionalidad y esta nacionalización implica en algunos casos la pérdida de la nacionalidad de origen. Aunque no hay datos concluyentes al respecto, no podemos asumir que de forma mayoritaria esta población desee sacrificar la ciudadanía de origen a cambio de la de destino, por mucho que ésta última sea mucho más generosa en los beneficios sociales y más democrática en los cauces de participación. El aspecto simbólico de la nación y la ciudadanía juegan un importante rol en este fenómeno.

Pero, por otra parte, es innegable que la inestabilidad legal y otros factores presentes en los procesos migratorios actuales (dificultad para la reagrupación familiar, planteamientos de retorno temporal, etc.) llevan a algunos inmigrantes a optar por la nacionalización. Ante la evidencia de este proceso, los países emisores han intentado retener los vínculos de pertenencia de las comunidades de expatriados, cuya importancia económica y sociopolítica es cada vez más reconocida y potenciada. Lo que algunos teóricos han denominado nacionalismo desterritorializado se traduce en la presencia de agentes representantes de los estados de origen en los lugares de asentamiento de las colonias de sus ciudadanos expatriados. Este fenómeno de desplazamiento de la construcción de la nación no sólo se manifiesta en prácticas económicas transnacionales potenciadas por los incentivos para la inversión y el turismo. De manera fundamental, la creciente importancia de las comunidades asentadas fuera del país ha producido además cambios normativos en el derecho de nacionalidad que están normalizando cada vez más el mantenimiento de una doble ciudadanía.

Aunque los datos publicados al respecto no son concluyentes, es patente una transformación en el modo en que tanto las administraciones públicas, como la sociedad civil, como los propios migrantes gestionan el vínculo de los residentes y ciudadanos con la comunidad política. El cambio en las grandes normativas de ciudadanía y nacionalidad son un síntoma decisivo e incontrovertible de la transformación del modelo de ciudadanía nacional.

Por Silvia Marcu

España, primavera del 2008. Con el telón de fondo de la ralentización económica que se empieza a vislumbrar en Europa, y por tanto, en España, miles de inmigrantes del Este europeo, en su mayor parte rumanos, viven la pesadilla del desempleo y de la falta de documentación que les facilite la integración en la sociedad española. Llegados por etapas en los últimos 18 años desde los Cárpatos, la estepa rusa, la conflictiva Transnistria, la desgarrada Ucrania o la Valaquia rumana, los inmigrantes surgidos del frío de la transición poscomunista tuvieron y tienen un único deseo: salvarse de la miseria a través del trabajo, a través de la lucha honesta con los días.

A grandes rasgos, el retrato de este inmigrante en España es el que combina el esfuerzo con el deseo de superación, pero también la marginación, la movilidad circulatoria y, a veces, la delincuencia. A lo largo de los últimos años, en su búsqueda rápida de recursos financieros, parte de los inmigrantes del “Este” vendieron chatarras, robaron, falsificaron tarjetas de crédito, se inventaron una minusvalía o pidieron limosna por los metros. Pero en su mayor parte, trabajaron. Trabajan. Con o sin “papeles”. Se trata de gente honrada, vulnerable, que no ha perdido el Norte, que mantiene los vínculos emocionales con sus países, pero que está situada más allá del muro de cristal de la integración, personas que viven entre dos mundos, dos culturas, dos idiomas, y que, precisamente por ello, tienen la sensibilidad a flor de piel, y por tanto, una mayor facilidad para sentirse fuera de lugar.

El fenómeno de la inmigración padece una densa metaforización. La forma en que se piensan y se tratan los actuales movimientos migratorios es, en gran medida, cosa de metáforas.

Las metáforas más recurrentes a la hora de referirse a las migraciones son, sin duda, las hídricas. Las migraciones se asemejan a flujos, corrientes y olas. Y cuando se alude a ellas de manera amplificada toman el carácter de oleadas, mareas, avalanchas y riadas. Y más recientemente, incluso se emplea el nuevo y desgraciadamente famoso término tsunami, resaltándose con ello el carácter incontenible de la llegada de migrantes.

Estos giros retóricos no sólo señalan, exagerándolos, el gran número de inmigrantes que llegan, sino que refuerzan también, al introducirse en el lenguaje ordinario, la idea de la siempre presupuesta hostilidad natural o cultural de los extranjeros y de lo nocivo de su influencia. Curiosamente sólo se aplican a los inmigrantes desfavorecidos y no a otra categoría de personas que llegan todos los años en un volumen muchísimo mayor a nuestro territorio: los turistas. Pero, claro, los turistas son una categoría de interés y de valor económico, de modo que sería de mal gusto referirse a ellos con las referidas expresiones metafóricas.

Esta colonización del lenguaje mediante metáforas hostiles al fenómeno migratorio no facilita el establecimiento y menos aún la consolidación de una sociedad integrada. Si se pretende conseguir este objetivo resultaría  preciso contrarrestar estas representaciones y legitimaciones xenófobas, contestándolas y desmontándolas una a una. A nadie se le escapa que, lamentablemente, esta infinita tarea se presenta como digna de un Sísifo.

Lectura recomendable: el artículo de Enrique Santamaría, De metáforas e inmigración

Por Noelia González

El debate sobre el derecho al voto de los inmigrantes ya es recurrente en este blog. Y es una cuestión crucial no sólo porque plantea problemas de legitimidad del sistema democrático sino porque sin reconocer el derecho de sufragio a los nuevos miembros se impide su total integración. La realidad actual es que los extranjeros residentes disfrutan de determinados derechos civiles, políticos y sociales, mientras que el derecho de sufragio sigue estando reservado a los nacionales. Concretamente, en el caso español, la Constitución sólo prevé la participación de los extranjeros residentes en las elecciones locales en el caso de que exista un tratado de reciprocidad con su Estado de origen. En la práctica sólo los ciudadanos de la UE pueden votar en las elecciones municipales porque los tratados de reciprocidad que se han establecido con Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela no han sido acompañados de los tratados complementarios que les hagan efectivos. En definitiva, los inmigrantes siguen siendo, como afirma Massó Garrote, “víctimas de un estatuto asimétrico, sujetos sin ser ciudadanos, o ciudadanos de segunda clase”.

Entre las razones por las que se considera que reconocer el derecho de sufragio activo a los extranjeros residentes es una tarea urgente se podrían destacar las siguientes:

• En primer lugar se considera que el acceso a la participación política ha de entenderse como una prerrogativa para la posterior integración del inmigrante y no al revés. No se debe establecer el derecho al voto como un premio o retribución a la integración, sino como un medio para alcanzarla.
• En segundo lugar, hay que tener en cuenta que si no se otorgan derechos políticos a los extranjeros se dificulta la posibilidad de llevar a cabo una garantía efectiva de los derechos que les corresponden. Sin derecho al voto el poder de presión que poseen frente al gobierno disminuye de forma muy notable. Lo que es fundamental a la hora de exigir que se cumplan las políticas que les atañen especialmente, como son educación, integración, empleo, etc.
• En tercer lugar, es una exigencia del principio democrático que se reconozca a los integrantes de la sociedad como titulares del derecho de sufragio activo. Para que una comunidad pueda proclamarse como democrática deben coincidir al máximo la esfera de quienes establecen las normas y la esfera de los afectados por las mismas. Aunque es necesario puntualizar que uno de los factores que se deben de tener en cuenta a la hora de determinar si una persona puede participar en la vida política de un Estado es viendo si las circunstancias de su vida, sus derechos fundamentales, a largo plazo dependerán de la protección que le brinde dicho Estado. Esto significaría reconocer el derecho al voto a los extranjeros tras un período de residencia que quedaría por determinar.
• Por último, si se niega la representación política a importantes segmentos de la población, en realidad se está impidiendo la realización del pluralismo, pues sólo se encontrarían representados en la vida pública los intereses de los nacionales. Las consecuencias de este fenómeno no pueden ser ignoradas por las democracias, porque este proceso podría llegar a poner en entredicho la legitimidad de dicho sistema  que ya no cumpliría con los ideales de igualdad y de participación que lo inspiraron.

En definitiva, se considera que la medida de generalizar el derecho al voto de los extranjeros ha de ser planteada como un objetivo a corto-medio plazo y que sería adecuado incluirla dentro de una batería más amplia que persiga la promoción de la igualdad entre los miembros de la sociedad a través de una progresiva equiparación de todos los derechos de los nacionales y los extranjeros residentes.

Aunque no parece que haya acuerdo entre los diferentes analistas respecto a la gravedad de la actual situación económica y de si se trata de una simple desaceleración del crecimiento o de una severa crisis, lo cierto es que la incidencia en el mercado de trabajo ya se ha empezado a notar. Y ello afectará también, y quizás en una proporción mayor, a los inmigrantes. En esta nueva situación, los inmigrantes requerirán mayores prestaciones sociales, empezando lógicamente por las de desempleo, pero no sólo. La invitación al retorno a sus países de origen, con el abono del paro al que tengan legalmente derecho (capitalizando, por ejemplo, el conjunto de la prestación) es una salida, pero sólo si se respeta escrupulosamente la voluntariedad de la decisión. Con todo, y teniendo en cuenta lo sucedido con otras experiencias similares (como las iniciativas que Francia y Alemania lanzaron tras la crisis de 1973 para estimular el regreso de sus inmigrantes), no cabe pensar que se produzca un retorno masivo.

Si hay servicios sociales saturados por el aumento de población, como sucede en la educación y la sanidad con anterioridad a la presente situación económica, la respuesta más consecuente del Estado consistiría  en incrementar los medios y la correspondiente dotación económica, nunca en reducir los derechos de los ciudadanos extranjeros. Se trata, por tanto, de adecuar los servicios públicos básicos al aumento de la población y a la nueva coyuntura. En una sociedad de inmigración como la española, es crucial para la convivencia la insistencia en la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros. La integración es, entre otras cosas, un proceso de equiparación de derechos. No debe hablarse de preferencia nacional (entiéndase, a favor de los nacionales), como defienden algunos partidos ultraderechistas europeos, sino de una preferencia por aquellos que están en una situación de necesidad, con independencia de cuál sea su origen. Es una cuestión de justicia y de solidaridad.

Una política de integración de la inmigración, que como tal no puede tener otro objetivo que construir una sociedad integrada. Dicho de otro modo: se trataría de evitar la conformación de una sociedad fragmentada, compuesta por sociedades paralelas. Para ello se ha de propiciar que todos los individuos que habitan en el territorio del Estado disfruten de las mismas expectativas y las mismas posibilidades, pero también que estén sometidos a las mismas exigencias y los mismos deberes. Fundamental para alcanzar esta meta es, sin duda, evitar la competencia directa entre los inmigrantes y la población autóctona por unos recursos sociales limitados.

Especialmente en una época de vacas flacas, adquiere aún mayor sentido el reforzamiento de los servicios públicos más básicos, como son la sanidad y la educación, e impedir así que éstos pierdan calidad para todos. Una responsabilidad inexcusable de los gobernantes es la de crear las condiciones para que los más desfavorecidos no desarrollen actitudes de resentimiento o incluso de rechazo hacia los inmigrantes. En cualquier caso, las repercusiones sociales negativas de la coyuntura económica deben ser absorbidas por todos y no por un único grupo social.

Tampoco ahora en tiempos de desaceleración debería olvidarse que los inmigrantes han contribuido, como los que más, al crecimiento económico de la sociedad española en la última década. Por eso esperemos que no surjan ahora voces que culpen de todos los males de la recensión económica y de los reajustes capitalistas - el desempleo, la subidad de los precios, el aumento de la delincuencia, la precariedad de los servicios sociales, etc. - a la presencia de los inmigrantes.

Que la inmigración está cambiando profundamente las formas de vida y que transmuta muchos hábitos que hasta hacen poco resultaban cotidianos es algo ya bien conocido. Esos cambios afectan a muchas facetas de la vida social y llegan a incidir también en algo tan personal como es el nombre que portan los individuos. Lo cierto es que con la inmigración (y añadimos aquí también el turismo residencial cada vez más frecuente en las zonas de costa) está experimentado cambios significativos el modo de construcción de los nombres, alterándose el repertorio tradicional.

Los nombres de las personas mudan con los cambios generacionales y con las modas. Las migraciones no representan, pues, sino otro factor de cambio más. Y tiene su lógica que esto suceda, pues no se puede exigir a las personas que traen un nombre construido según las reglas legales y estéticas de su país que lo españolicen completamente. No sería, sin embargo, pedir demasiado un cierto grado de aclimatación: el mínimo para que resulte pronunciable desde nuestra propia fonética y para que, en lo posible, adquiera un cierto sentido reconocible para todos. Y de otro lado, tampoco es mucho pedir que todos nos vayamos adaptando a otras fonéticas.

Por Ester Massó Guijarro

“Yo no sé de dónde soy;

mi casa está en la frontera”

(Jorge Drexler)

            Uno de los aspectos que más parecen preocupar al discurso sobre la “inmigración” en nuestro país es lo que podríamos llamar la “cuestión adaptativa”: en qué medida las gentes que vienen pueden, saben, deben (o podrán, sabrán y deberán, so pena de ser expulsados del paraíso) adaptarse a nuestra cultura y nuestro modus vivendi -si es que hay un único que pueda predicarse de todos los ciudadanos del Estado español, y en que en aquel discurso plano parece ser dado por hecho-. No voy a cuestionar aquí la necesaria asunción y el respeto preciso de ciertas normas de convivencia y ciertos criterios de derecho elementales del sistema, pero el elemento más discutible que, a mi entender, subyace al “discurso sobre la adaptación”, a saber, el cultural, y la presentación de la “cultura occidental” y los “valores occidentales” como modelo supremo, y además justo, indiscutible, históricamente ético, pertrechado de toda la legitimidad de la unanimidad secular a las espaldas… todo ello, digo, creo que es otro cantar.

Parece que todo lo que no es occidente tiene problemas de identidad; parece que todo lo que no es occidente desarrolla “relaciones anómalas” con el pasado…

Resulta interesante la comparación, por sus potentes puntos de conexión a mi entender, entre los análisis actuales occidentales (o generados desde la intelectualidad autóctona endoculturada en occidente) en torno al llamado “mundo árabe” (cfr. Kassir 2006) y los realizados en torno a África. Estas reflexiones pueden contribuir, cuando menos, a cuestionar en algo el discurso “adaptacionista” que comentábamos, y acaso limar ciertas asunciones populares que considero, a la luz de todo ello, genuinamente inicuas.

Son comparables (o susceptibles de analogía, como mínimo) ideas tales como la importancia de la consideración del fenómeno emigratorio como “enlace” para repensar las relaciones culturales entre el “mundo árabe” y el “mundo occidental” (idem con el “mundo africano”), o el crucial reconocimiento de que no ha sucedido una revolución individualista en el mundo árabe (y su correlato de que el individualismo puede devenir un disolvente de valores), clave igualmente en los análisis africanistas.

O la identidad resentida (tras la dominación explícita colonial, la menos explícita –a veces- neocolonial, etc), que fundamenta la categoría del resentimiento, de la humillación y, por ende, la noción de una “patología” en la comprensión de la propia identidad que puede partir, en efecto, de la falta de reconocimiento y que puede entenderse, también, como un duelo fallido respecto al pasado, un pasado idealizado, falseado incluso, que opera como parapeto frente al presente.

O el énfasis en el espíritu de la asimilación, los sueños de panarabismo (panafricanismo) o las funciones de la violencia –yihadista- o la resistencia –palestina- (con sus diáfanas analogías en Fanon en torno al poder catártico y liberador de la violencia, para el caso de África).

O la importancia de recuperar la historia, el rigor de un enfoque histórico más allá de las reducciones “exoticistas” (peticiones de Bayart para con África); la carencia de “naturalidad geográfica” de las fronteras; el interés de occidente en estas regiones por motivos geológicos: oro negro –petróleo-, coltan; la sistemática manipulación occidental en conflictos autóctonos para su propio provecho geoestratégico y económico; la persistencia del esquema del súbdito frente al ciudadano; la falta de confianza en las propias instituciones.

            Hasta en lo que gracias a la globalización nos llega, en términos más positivos, a occidente del mundo árabe, como por ejemplo la industria musical (Kassir 2006: 119), podemos equiparar lo poquito que de bueno “nos llega” de África: en efecto, la música, la formidable, electrizante y fascinante música negra, los sones guineanos, la voz cobriza de Cesárea Évora descalza que nos transporta a la sensualidad isleña caboverdiana… el intimista tañido keniano de Ayub Ogada en largometrajes como “El jardinero fiel” o incluso las dulces cadencias senegalesas de Ismaël Lo en ciertos filmes de Almodóvar… Literatura, aún poca y salvada con pinzas, y ello a pesar de ciertos premios, Mahfud o Pamuk como árabes; Coetzee, un sudafricano, sí, pero blanco y afrikáaner, no lo olvidemos… no posee el color de Soyinka, y el color en África ha significado tantas cosas…

            Cuando se denuncia -desde occidente- el rechazo observado –al propio occidente- en el “mundo árabe” o el “mundo africano”, parece sugerirse que los africanos no “aceptan” el desarrollo porque no pueden (incapacidad por ingenuidad, ignorancia, estulticia…), mientras que los árabes no lo hacen porque no quieren (deliberada malevolencia: porque son “malos”, la condición que les otorga Huntington en su análisis en clave de “choque de civilizaciones”; no comparto estos términos absolutistas de descripción de la realidad, porque las nociones absolutistas nunca explican nada ni dicen verdad). La clave de la manipulación ideológica está clara. En ello hallamos también otra cierta verdad histórica: África, para occidente, fue siempre vista como un gran recurso mas nunca como rival; oriente, en cambio, sí constituyó un rival crucial de civilización, aparte de un recurso o fuente de recursos.

            Es probable que muchas de estas analogías aquí pergeñadas puedan realizarse también de otros “mundos”, como China y el Sudeste Asiático o, desde luego, América Latina. Todo esto nos conduce, al fin, a nuestra intuición inicial…

Parece que todo lo que no es occidente tiene problemas de identidad; parece que todo lo que no es occidente desarrolla “relaciones anómalas” con el pasado y hace “fantasmas” de su pasado glorioso. Parece que a todo lo que no es occidente cabe realizársele un psicoanálisis cultural, al más puro estilo freudiano, porque no sabe habérselas con su dolor, su dolor cultural, su sangre histórica y carnal, presente.

¿No será que la historia la siguen escribiendo los vencedores, a su manera, y eso hace que a los vencidos siempre les cueste más desarrollar una relación sana con su pasado, no humillante o reducida, en efecto?

Con el intenso ritmo de crecimiento de la población extranjera en España se han ido registrando problemas de integración, que nadie de manera sensata puede negar. La carencia de un modelo adecuado de acogida y la amplitud de los procesos de llegada dan lugar a que muchos inmigrantes se vean abocados a procesos de precarización y exclusión social que en un futuro podrían cristalizar en bolsas de marginalidad. Con independencia de cómo se desarrolle esta cuestión, es una realidad que ya no es posible desconocer. De ahí que, conscientes de que la inmigración se ha convertido en una de las principales cuestiones sociales, en períodos electorales algunos partidos políticos creen encontrar en este tema un auténtico filón de votos.

Entre las propuestas sobre políticas migratorias formuladas durante esta larga campaña electoral, sin duda la que mayor eco ha encontrado en la opinión pública sea la presentada por el PP. Y en ello está quizás su mayor mérito: en la capacidad para poner el tema sobre la mesa. Me refiero obviamente a la idea de exigir un contrato de integración a los inmigrantes que deseen adquirir un permiso de residencia de más de un año o renovar el permiso de residencia inicial, por el que se comprometerían a cumplir las leyes, respetar las costumbres españolas, aprender la lengua, pagar los impuestos, trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y regresar a su país si durante un tiempo no encuentran trabajo.

Lo primero que llama la atención de la propuesta del PP es la elección de la terminología empleada. A la hora de afrontar la compleja cuestión de la integración social de la inmigración, no se propone un conjunto de medidas más o menos articuladas de intervención ni tampoco se anuncian una previsión de gastos con los que poner en marcha determinadas políticas, sino que se pone todas las bazas en el establecimiento de un compromiso jurídico entre los inmigrantes y el Estado bajo la cobertura de un contrato. A nadie se le oculta que en esa figura jurídica se dan cita de una manera sumamente confusa las concepciones contractualistas de la filosofía política clásica, por una parte, y las obligaciones entre particulares contempladas en el Código Civil, por otra. No ésta la única consideración que cabe formular. Veamos algunas otras:

a)      El fundamento del deber general de sometimiento a la ley no es, ni puede ser, un contrato privado. Y menos aún por obra y gracia de un contrato privado puede instaurarse un nuevo status social, diferente al común de los ciudadanos. Por eso no se comprende muy bien porque se denomina a ese contrato de inclusión, cuando en realidad se trata de un contrato pensado para diferenciar y, por ende, para excluir. En todo caso, será por ley, y no por un contrato privado, por lo que se podrá expulsar del país a un extranjero. Ha de saberse además que para expatriar a cualquier persona se ha de contar con el acuerdo del país de origen.