El 4 de abril de 1609 el rey Felipe III firmó la tregua de los doce años con las Provincias Unidas de los Países Bajos. Ese mismo día, con poco tiempo de diferencia, firmó el decreto de expulsión de los moriscos de España. Al estampar su firma en ambos documentos, dio fin a largas discusiones, debates y polémicas que se remontaban al reinado de su padre y cuyo origen arrancaba de antes de su nacimiento. Se resolvían, aparentemente, dos cuestiones político-confesionales que habían consumido a la Monarquía desde la década de 1560: la sublevación de los Países Bajos y la resistencia a la asimilación de la minoría morisca. Dos problemas políticos con raíces confesionales pues afectaban por una parte a la integridad católica de la Monarquía y por otra a su compromiso en el combate a herejes e infieles.

El rey, educado en un ambiente rígidamente confesional no entendía otra lealtad y otra misión en la vida que no fuera la de servir al triunfo de la fe. La suerte de los moriscos fue decidida en aras de la pureza confesional. En el Consejo de Estado, en las cortes de los virreyes y entre la gente informada, se sabía que las consecuencias económicas iban a ser desastrosas y en cuanto a las ventajas “espirituales” había dudas. La larga lista de obras justificativas de la expulsión muestra el impacto traumático de la medida. Basta con espigar algunos ejemplos y consultar los libros y folletos de fray Marcos de Guadalajara (Memorable expulsión y justísimo destierro de los moriscos de España, Pamplona 1613), Damián Fonseca (Justa expulsión de los moriscos de España, con la instrucción, apostasía y traición dellos: y respuesta a las dudas que se ofrecieron acerca desta materia, Roma 1612), Pedro Aznar de Cardona (Expulsión justificada de los moriscos de España, Huesca 1612), Juan Méndez de Vasconcelos (Liga deshecha por la expulsión de los moriscos, Madrid 1612), Antonio del Corral y Rojas (Relación de la rebelión y expulsión de los moriscos del reino de Valencia, Valladolid 1613) o fray Blas Verdú (Engaños y desengaños del tiempo con un discurso de la expulsión de los moriscos, Barcelona 1612) para ver como el uso y abuso de los términos justa, justísimo, justificada, subrayan la necesidad de preservación religiosa. Sin embargo, alguien tan atento al problema, como lo fue Miguel de Cervantes, ante tanta justificación, expresó dudas de conciencia, inseguridad. Saltándose los convencionalismos, mostró al lector de la segunda parte del Quijote el drama de una familia de moriscos manchegos arrojados a tierras extrañas habitadas por infieles o herejes: “la Ricota mi hija y Francisca Ricota mi mujer son católicas cristianas, y aunque yo no lo soy tanto, todavía tengo más de cristiano que de moro”. Expresaba lo que muchos sabían, no todos eran musulmanes.

En cambio, no parece que la Tregua de los doce años fuera objeto de un arsenal semejante de justificaciones ni que diera lugar a una literatura parecida. Si la expulsión fue considerada una acción eminentemente católica, contraria al interés o razón de Estado, la tregua con los holandeses parece seguir un cauce diametralmente opuesto, la sangría económica de las famosas guerras de Flandes y la necesidad de sanear la deuda ha satisfecho con una explicación racional a los historiadores. Ahora, que se cumple el cuarto centenario de ambas decisiones, conviene reexaminarlas y estudiarlas pues no deja de ser paradójico que se obrara bajo dos premisas políticas tan opuestas y la vieja explicación de que los moriscos fueron sacrificados para acallar los escrúpulos de conciencia por tratar con herejes, no parece gozar del consenso con que contaba antes.

José Martínez Millán y Manuel Rivero Rodríguez, organizadores del curso de verano “La expulsión de los moriscos (1609-2009). Vida y tragedia de una minoría” y del seminario “La tregua de los doce años (1609)”.

Manuel Rivero

Universidad Autónoma de Madrid