En torno al 30 de octubre comenzaron a aparecer noticias en los medios de comunicación en torno al acuerdo al que Google había llegado con los principales actores editoriales norteamericanos -autores particulares, Authors Guild, American Association of Publishers- para compensar equitativamente a aquellos autores o herederos titulares de derechos cuyos libros hubieran sido digitalizados y puestos a disposición pública. En realidad el interés del acuerdo no radica en la mera compensación económica, suficiente o no, sino en el ámbito principal al que se aplica, el de las obras huérfanas, esto es, el de aquellas obras cuyos titulares legítimos son ilocalizables.



Es cierto que en declaración del presidente de Authors Guild se señala que el propósito es extender el acuerdo a las obras disponibles, no sólo a aquellas que estén ya descatalogadas o cuyos legítmos titulares sean inencontrables, pero el ámbito de la aplicación es obvio desde el momento en el que casi 35$ millones de dólares de los 125$ que Google abonará, estarán teóricamente dedicados a la constitución de un Registro Independiente de Derechos de Autor y al esfuerzo que entrañará la localización de los titulares de derechos ilocalizables y el mantenimiento de bases de datos actualizadas, con información renovada, sobre los autores, su situación y su ubicación. El 75% de las obras que las bibliotecas contienen se encuentran en condiciones de "abandono", olvidadas o repudiadas por sus progenitores, de forma que la posible puesta a disposición pública de esta gran cantidad de contenidos (el 20% podrá visualizarse sin limitaciones ningunas y el resto será objeto de venta), es en sí misma una buena noticia.



No existe la obligación en Europa, no existe en España, de que un autor registre obligatoriamente en un censo su obra. En todo caso, aportaría una solución plausible a las obras que se editaran tras su fundación, pero seguiría siendo irremediablemente incompleto para todas las obras pasadas cuyos autores no puedan ser ubicados. No todas las asociaciones editoriales, además, parecen satisfechas con esa posibilidad: los editores alemanes, por ejemplo, a través del portavoz de su asociación principal, critican el acuerdo por dos razones aparentes: porque constituye en obligatorio algo que en el derecho europeo es en todo caso optativo (¿?), y porque abre al camino a digitalizaciones masivas y a la posible monopolización de la memoria y la cultura colectivas.



Sin embargo, si no he entendido mal el principio del acuerdo, la información que ese "registro de autores" recogería sería de público acceso, para el uso de todos aquellos que necesitaran consultarla, haciendo más sencilla la posible explotación de esos contenidos para cualquier agente editorial interesado. Otra cosa es, claro, la posición dominante de Google en el mundo virtual, la posibilidad eficiente que tiene de influir en los resultados de una búsqueda, en nuestros gustos y en nuestra memoria, pero a esa eventualidad no puede responderse de otra forma que desarrollando servicios y proyectos propios.



De hecho, la biblioteca Europeana (que ha anunciado su inauguración para el próximo 20 de noviembre), debería ejercer un contrapeso cultural decisivo, y debería pronunciarse en torno al estado de las obras huérfanas y la legislación aplicable. Entre nosotros, seguimos sin contar ni siquiera con un principio de ordenamiento claro al respecto. El High Level Group on Digital Libraries emitió precisamente el pasado 17 de octubre un informe sobre la posible regulación de las obras huérfanas, agotadas o descatalogadas, y su preservación digital. Entre las medidas que promueve y recomienda está la misma que Google ha puesto en práctica: la creacion de bases de datos específicas concerniente a las obras huérfanas; la inclusión de metadatos en el material digital relativos a los propietarios de los derechos; el desarrollo de prácticas contractuales específicas al respecto.

Sea como fuere, parece que el apadrinamiento es el primer paso efectivo -quizás incompleto, porque se echa de menos la inclusión de las obras amparadas bajo licencias distintas, como la Creative Commons- para revitalizar un patrimonio cultural moribundo.