Creíamos, algunos, que la Ley del Precio fijo del libro se había convertido en un principio inamovible por evidente, pero en las últimas semanas se escuchan cantos de sirenas que anuncian su más que probable rescisión, por anacrónica, por incompatible -supongo- con unas leyes del mercado que parecen poseer vida y comportamiento propio sin dependencia alguna de los seres humanos que las desarrollan, ponen en vigor y adoptan. Parece, por tanto, que resulta necesario retomar las argumentaciones que tantos otros antes han esgrimido para que el precio fijo de los libros constituya la garantía de diversidad y pluralidad que ahora representa.



Hace pocas semanas el Presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, disertaba sobre la incongruencia de seguir manteniendo el precio fijo del libro en España y auguraba: "yo defendí el precio fijo, pero propuse a la Administración y al sector que se mantuviese 10 años a cambio de que se creara un plan muy potente de librerías. Fracasé. Pero el precio fijo del libro caerá, no podemos mantenernos en una isla: el comercio será cada vez más de servicios y menos de productos, y el libro no va a ser una excepción".



En Francia, el Sindicato Nacional de la Edición acaba de poner el grito en el cielo por la enmienda que se ha colado en el Parlamento y que pretende reconvertir el acuerdo del año 1981 a la realidad monopolizada de la edición francesa, cada vez más macrocéfala y menos fiel a su tradición de editores independientes e ideas en ebullición. La Unión Europea, hasta donde llega mi conocimiento, sigue estudiando desde el año 1997 la pertinencia de adoptar o no una directriz común a este respecto, de manera que, hoy por hoy, es cada país miembro quien decide discrecionalmente qué hace. Fuera de la Unión Europea es realmente extraño encontrar países que defiendan esta medida excepcional y solamente Bélgica, Finlandia, Irlanda, Suecia y, cómo no, Reino Unido, dentro de la Unión, rechazaron en diversos momentos la invitación comunitaria (España, en realidad, ha andado medio trecho en el camino contrario, al liberalizar completamente el precio del libro de texto, de manera que tenemos una Ley del Precio (semi) Fijo del libro).



El precio fijo del libro es, claramente, una medida de excepcionalidad cultural, una medida política por tanto (tan política como la nacionalización reciente de los cines en Noruega, para preservar la cuota de pantalla nacional y el cine independiente), que cree que la bibliodiversidad como catalizadora de cultura, es un valor fundamental que puede ampararse haciendo que, independientemente de la librería o el canal donde se venda un libro, tenga siempre el mismo precio, de forma que las pequeñas librerías puedan seguir acogiendo las expresiones más consumdas de la literatura y el pensamiento al mismo tiempo que dan cabida a obras más comerciales y de mayor difusión, de manera que una venta compense a la otra. El precio fijo protege, esencialmente, al más débil pero, de paso, también al más grande, porque en un ecosistema como el del libro en realidad a todos compensa que el tejido librero del país esté bien irrigado y que los libros puedan llegar en las mismas condiciones a cualquier punto de venta.



El precio fijo está, sin duda, amenazado, por una parte por grandes intereses comerciales a mi juicio mal entendidos y, por otra parte, por la revolución digital. Los diarios más afines a un liberalismo hiperbólicamente economicista, culpaban hace algún tiempo al precio fijo, precisamente, de la desgana de Amazon a implantar y desarrollar su negocio en España, ligado, como estaría, a la lógica del precio fijo. Lo que los abogados de Amazon seguramente sepan hace tiempo es que  por la vía del comercio electrónico de archivos digitales -me refiero, concretamente, al Kindle y a la venta de libros digitales- existen fisuras legislativas que quizás abran la puerta a su tan (¿ansiado?) aterrizaje: al no existir propiamente venta porque el bien que se difunde no se agota, cabe que sobre él se apliquen descuentos superiores a los que se acomodarían a las mercancías físicas. Y digo cabe, porque los expertos en la materia todavía están deliberando sobre la esencia y naturaleza de lo digital y sobre las leyes que deben imperar sobre su comercio y diseminación.

Jorge Herralde, uno de los más conspicuos adalides del precio fijo, manifestó hace algún tiempo: "He puesto tanto énfasis en la Ley del Libro porque es absolutamente necesaria. Necesaria pero no suficiente. Es como un dique ante las oleadas de globalización, hiperconcentración y banalización de la cultura. Un dique que hay que apuntalar día tras día". Y concluyó, algo más adelante, con una admonición que convendría hacer nuestra: "Se puede y se debe luchar por un futuro mejor, más rico y más satisfactorio culturalmente".