En la sección de Cultura del diario El País se avisaba el sábado 6 de enero de un hecho tan universalmente conocido como generalmente practicado: la minusvaloración y a veces menosprecio de la labor de los traductores.
En el artículo Traducciones crecientes, dinero menguante, Enrique Murillo denunciaba una situación universalmente conocida y colectivamente practicada, la de la precariedad profesional de los traductores a costa de las condiciones impuestas por los editores. Si esta anomalía es obvia, hasta el punto que hoy se paga menos que hace cinco o diez años y que el incumplimiento de los contratos, cuando existen, es sistemático, sus causas son otras que las apuntadas: es absolutamente normal y entra dentro de la lógica contable que un editor atribuya los costes de traducción a los gastos de creación del prototipo y que, conceptualmente, formen parte de las inversiones previas que un editor debe realizar antes de que el libro salga a la venta, por eso no es nada reprobable u ofensivo que se incluya dentro de los gastos industriales. Otra cosa, sin embargo, es que la traducción se considere como una actividad secundaria e industrializada, mecánica, secundaria y no profesional, y es ahí donde el editor comete un craso error, porque sus lectores -no importa en que soporte o en qué formato- no deberían perdonarle ese desliz, esa ligereza con la que trata una parte esencial del producto editorial final.
La Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación de la Asociación Colegial de Escritores de España no parece molesta, tampoco, porque se realicen cálculos promediados en función del número de palabras o matrices para evaluar los pagos, porque no sería posible realizarlo de otra manera, haciéndonos todos cargo de la dificultad de traducir una frase de Faulkner o Nabokov. La cuestión, como ellos mismos establecen, es diferenciar a priori el grado de dificultad de la obra a traducir vinculándolo a un sistema tarifario. El problema no es, por tanto, la manera en que se calcula el precio de la traducción sino la presión a la baja que ejerce el ejercicio no profesional o amateur de la traducción y la coacción a la que las editoriales someten al oficio.
La lectura del Informe sobre la situación del traductor en España resulta esclarecedor: "Se parte, pues, de la constatación de las dificultades existentes, para gran parte de estos profesionales, de darse a conocer, de difundir información acerca no sólo de sus condiciones de trabajo sino también de su función, de sus cometidos, del sentido y lugar social y cultural de su actividad. Entre los condicionantes de este "ocultamiento" se pueden nombrar algunos de los elementos que enmarcan el trabajo de buena parte de los profesionales: la dispersión, la inestabilidad e incertidumbre ante el futuro, los elementos de control derivados de los vínculos contractuales establecidos... Si estas son características que ya se desvelaban en trabajos anteriores como definidoras de la 'condición' de traductor, conviene inscribirlas asimismo, como elemento de refuerzo, en el marco más general de una situación en el mundo laboral y productivo caracterizada en los últimos años por un proceso acusado de fragmentación social y de concentración empresarial, una puesta en entredicho del pacto colectivista y un predominio del individualismo metodológico también en el tratamiento de las relaciones laborales".
Se equivocan los editores que no vean al traductor como una aliado indespensable y sí como un trabajador maquinal a destajo.