El debate sobre el precio fijo del libro y la política de descuentos de los libros de texto era uno de los asuntos fundamentales que la nueva Ley debía resolver pero, ¿lo ha hecho realmente?

El Proyecto de Ley establece claramente dos cuestiones: a) que con el fin de salvaguardar la diversidad bibliográfica, la bibliodiversidad, se establecerá el precio fijo para toda publicación que no sea libro de texto y b) que con el fin de atajar la polémica sobre la utilización de los manuales escolares como reclamo comercial y la consecuente política de descuentos sobre el PVP, se establecerá un sistema de precio libre.

Nada que objetar a la confirmación del precio fijo, única garantía de convivencia pacífica entre los puntos de venta, de supervivencia de una oferta editorial variada y de calidad, de riqueza y diversidad bibliográfica para el lector. Se parte de la convicción de que el libro es un producto cultural cuya naturaleza es distinta a otros bienes de consumo por cuanto forma parte de nuestra herencia y patrimonio intelectuales, y eso es completamente cierto. Los buenos comerciales, cuando tienen arrebatos de sinceridad -no en demasiadas ocasiones- suelen decir que las pequeñas librerías independientes cada vez tendrán menos importancia en la estrategia de venta de las editoriales, pero si no contáramos, precisamente, con el amparo y la protección del precio fijo, su vida y su significación serían aún más cortas. No todo el mundo, sin embargo, habrá que recordarlo en este blog editorial, está de acuerdo con esta medida "sobreproteccionista" que perjurdicaría, teóricamente, a los consumidores.

La duda, sin embargo, proviene del establecimiento del sistema de precio libre para comercialización de los libros de texto, y es mucho lo que se juega en este asunto, porque la mayoría de los grupos editoriales españoles -a excepción de Planeta-, basan su fortaleza y superviviencia en la venta de este producto. Como es de sobra sabido, hasta hoy cabía realizar descuentos de hasta un 25% sobre el P.V.P con entera libertad, y los hipermercados y grandes superficies, cuyo negocio es en gran medida financiero, apostaron por obtener un margen inferior en este producto en la expectativa de que fuera compensado por la compra de otros. Es memorable aquella propaganda que una gran superficie imprimió y distribuyó en la campaña de texto escolar del 2006 donde podía verse un jamón y un libro de texto en pefecta y armónica convivencia, uno llamando al otro. Esta situación generó un enorme descontento entre el gremio de los libreros que atribuían a esa política la responsabilidad del cierre de multitud de pequeñas librerías que basaban su estabilidad en esa venta periódica. Bien es cierto que no siempre se puede dar entero crédito a los protagonistas, porque quien vende libro de texto suele ser no tanto un librero independiente como una papelería-librería de barrio, pero sí es cierto que el tejido comercial se veía seriamente afectado.

¿Se mejora o cambia sustancialmente esa situación con el establecimiento del precio libre? Es posible que yo sepa poco de contabilidad o de políticas comerciales -o no-, pero no me parece que no haya alterado nada sustancialmente: si puedo fijar libremente el precio de un libro de texto su cifra final dependerá ahora de dos factores: a) de mi fuerza de negociación y persuasión ante el editor; b) de cuánto esté dispuesto, de cuánto me sea posible, rebajar mi margen de beneficio. A nadie se le escapa que si soy el jefe de compras de una gran superficie negociaré márgenes de descuento muy superiores a los que pueda obtener una papelería-librería y la situación regresará a ser la misma porque, si soy pequeño librero, sólo podré detraer el precio final de mis márgenes, que siempre serán más escasos.

La cuestión de fondo es otra y la apuesta mucho más alta, y en la nueva Ley no se entrevé ninguna respuesta ni se entiende por qué un producto asociado a una obligación constitucional no debiera gozar, igualmente, del precio fijo: en un país cuya Constitución garantiza la educación obligatoria entre los 6 y los 16 años, es obvio que la gratuidad debe alcanzar a los materiales e instrumentos con los que esa educación deba cursarse. Políticamente parece existir ya el consenso para que eso sea así. Editorialmente, claro, este cambio supone una metamorfosis radical, una amenaza extraordinaria, y es legítimo que negocien con las administraciones la fórmula de esa transición forzosa. En otros países de nuestro entorno, sobre todo en Alemania, los libros son gratuitos y pasan de mano en mano mediante un sistema de alquiler durante, al menos, cuatro años. Los editores españoles no quieren eso porque representaría un parón en las ventas durante un periodo de tiempo excesivamente largo y el mantenimiento de las redes comerciales y de logística, y de los propios equipos editoriales, sería complejo, por no decir imposible. La fórmula del cheque entregado por la administración a las familias para que lo gasten en el punto de venta que les parezca adecuado parece más satisfactoria, por lo menos a ojos de libreros y editores e, incluso, de las reticentes organizadores de consumidores; quizá no tanto para las administraciones, que deberían desembolsar cantidades importantes anualmente en lugar de hacerlo, solamente, cuando el cambio de planes de estudio lo requiriera.

El futuro de los libros de texto y, por ende, de la industria editorial, dependerá, en gran medida, de una solución satisfactoria a este problema, solución que el Proyecto de Ley no ha abordado.