La promoción de la lectura, por fin, se convierte en uno de los ejes principales de la nueva Ley del Libro pero, ¿aborda realmente los debilidades y desigualdades estructurales de nuestra sociedad?
En la misma exposición de motivos del borrador de la nueva Ley del Libro se aborda, de manera decidida y valiente, la importancia de la lectura. El texto dice así: "En la actualidad, se concibe la lectura como una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad y también como instrumento para la socialización; es decir, como elemento esencial para la capacitación y la convivencia democrática, para desarrollarse en la «sociedad de la información». La ciudadanía, a través de numerosos medios y recursos, recibe abundancia de información; mas, en este contexto, es preciso disponer de la habilidad necesaria para transformar la información en conocimientos, y esta capacidad se logra gracias al hábito lector. Sólo de esta manera los ciudadanos pueden aspirar a participar y disfrutar en igualdad de las posibilidades que ofrece la «sociedad del conocimiento»: leer es elegir perspectivas desde las que situar nuestra mirada invitando a reflexionar,a pensar y a crear".
Las premisas son acertadas: el fomento de la lectura es imprescindible, al menos, por tres razones fundamentales: porque nuestra inteligencia es lingüística y se enriquece cuando la entrenamos y la estimulamos mediante ese ejercicio; porque somos animales sociales que vivimos en comunidad y estamos abocados al diálogo para convivir y la lectura, como práctica de diálogo íntimo entre dos personas y estimulante de la formación del propio juicio, es el fundamento mismo de las sociedades democráticas; porque, aunque parezca una verdad de perogrullo, para disfrutar de la exhuberancia informativa que la red nos proporciona, es necesario disponer de competencias lectoras refinadas que nos permitan desbrozar el grano de la paja.
Por primera vez, según se establece en el capítulo II, Artículo 3 de la nueva ley, la promoción de la lectura parece alejarse, parece huir, de tres de sus mayores vicios: la superficialidad cosmética, la falta de dotación económica adecuada y la inexactitud de los instrumentos de análisis. El compromiso aparente que se asume es el de desarrollar planes que "garantizarán la continuidad en el tiempo de las políticas de promoción de la lectura" y que "irán acompañados de la dotación presupuestaria adecuada". Más aún, "los planes de fomento de la lectura tendrán especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores más desfavorecidos socialmente" estableciéndose como medida prioritaria "las dotaciones bibliográficas de las bibliotecas, principalmente públicas y escolares".
La declaración concluye así y la preocupación parece sincera pero algunos de los interrogantes principales siguen apremiándonos: según supimos por el informe PISA y por los informes de rendimiento escolar que edita la Comunidad de Madrid, la competencia lectora de los hijos varía diametralmente en función del capital económico, cultural y escolar previo de los padres, de manera que si realizáramos una simple cartografía comprobaríamos que sobre el territorio se encarnan claramente las diferencias sociológicas, que en los municipios del norte las competencias lectoras son muy superiores a las de los municipios del sur. Si el entorno familiar, por tanto, es incapaz de acostumbrar a los hijos al desarrollo de prácticas ajenas a sus intereses -y esto sigue una correlación estadística casi perfecta-, debería ser la institución escolar quien se hiciera cargo, en la medida de lo posible, de subsanar esa deficiencia original. Las medidas que sería necesario tomar van más allá, sin embargo, de la mera promoción de la lectura. Debería tratarse, más bien, de verdaderos programas de Estado preocupados por facilitar a sus ciudadanos el acceso en igualdad de condiciones a los frutos de la cultura. Y andamos todavía algo lejos de ese objetivo.
Las bibliotecas escolares, hasta el día de hoy, por otra parte, no han sido otra cosa que almacenes polvorientos o salas multiusos, infradotadas y ajenas al devenir de los planes escolares. Hoy se piensa, tras los demoledores estudios sobre su falta de uso, que su dotación debe mejorarse, que deben estar coordinadas por personal especializado y que deben convertirse en algo más que un lugar de entretenimiento. Se da la afortunada coincidencia que la gratuidad de los libros de texto ha puesto en pie de guerra a los editores que, legítimamente preocupados por la previsible caída de ingresos, intentan suplir la carestía de ventas mediante el incremento de dotaciones de esas bibliotecas, cosa que sin duda será para todos beneficiosa. Pero en el fondo, desafortunadamente, las cosas no parecen haber cambiado ni un ápice: la Ley de Calidad de la Educación menciona en una sola ocasión a las bibliotecas escolares, de paso, como por obligación adquirida, pero no la convierte en eje transversal, en espacio de trabajo, en instrumento de aprendizaje, y mientras la biblioteca -física o virtual- no se convierta en el centro o el corazón de las actividades escolares, no habrá nada que hacer.