Marta Sanz González

La democracia participativa conlleva problemas como que una serie de ciudadanos estén mejor organizados o capacitados para la defensa de sus intereses que otros. Existen, por tanto, desigualdades que hay que reconocer.

      Los grupos presentes en un debate participativo local son tres: los cargos electivos (legitimados por las urnas), los expertos (poseedores del conocimiento técnico) y los ciudadanos que pasan a ser ciudadanos activos y no por ello representan  a toda la colectividad. En un debate entre estos interlocutores es fundamental, en primer lugar, la información y los conocimientos técnicos sobre la materia a tratar. El acceso exclusivo de alguno de estos grupos a tales recursos viciaría completamente cualquier debate.

Por otra parte, la realización de un proyecto en una comunidad local requiere contar tanto con los que lo apoyan como con los que se oponen. La cooperación y la mediación son los ejes para llegar a compromisos aceptables.

Durante un debate público, hay que garantizar que los participantes puedan ser capaces de hacerse entender y hacer valer sus derechos. También es importante que el ciudadano activo sepa escuchar y comprender otras necesidades distintas a las propias, cuestión ardua de conseguir muchas veces.

Una vez que el debate contradictorio ha tenido lugar hay que sopesar las distintas posiciones teniendo en cuenta las minorías y observar un compromiso aceptado por todas las partes. Los representantes políticos van a ser quienes tengan la decisión final.

Para salvar las dificultades del debate público que veíamos anteriormente y conseguir una mayor participación ciudadana se puede recurrir a un mediador. Existen actualmente especializaciones en ciencias sociales que aportan personas con conocimientos prácticos básicos y habilidades técnicas para facilitar que se escuche a los ciudadanos y posibilitar un debate sobre diferentes asuntos de un municipio.

Distinguimos dos modelos de mediador, el tercero imparcial y el tercero comprometido o jefe de equipo. El primero tan sólo ayuda, mientras que el segundo ayuda a expresarse a los colectivos desfavorecidos, sin identificarse con sus reivindicaciones, los representa. Este jefe de proyecto o mediador hace comprensible el lenguaje técnico para sus representados y por otro lado, consigue que sus opiniones sean escuchadas por los políticos y técnicos.

El empleo de estos mediadores tiene como ventaja principal facilitar la participación efectiva de los habitantes mejorando la democracia.