Marta Sanz González     

   Entre las falacias existentes sobre la Sociedad de la Información está la que mantiene que las nuevas tecnologías nos traerán una nueva democracia: la ciberdemocracia o e-democracia. Ésta superará los actuales déficits de participación, de representación, de legitimidad, etc. Pero no hay que olvidar que la reforma democrática sobre la base de las nuevas tecnologías de la comunicación será realidad sólo como resultado de una intensa lucha política.

Es decir, como siempre ha sucedido, ya que no hay que olvidar que la tecnología en uso para los sistemas de partido y electorales permiten cambios sustanciales y, no obstante, no se utiliza debido a la cultura política existente y a la evidente confrontación entre posiciones que habría que soportar, lo que acarrearía la ruptura del statu quo político y social. Así, no resulta difícil redactar constituciones y otras leyes básicas de forma que se introduzca, por ejemplo, la democracia consensual puesto que realmente no hay voluntad de alterar significativamente las actuales posiciones de poder y sus interrelaciones. Esto lleva, una vez más, a la conclusión de que la innovación tecnológica por sí sola no facilita el cambio social y político.

Ante el mal de la carencia de información de los ciudadanos en la democracia actual hay dos formas de responder, la conservadora y la radical. La primera trata de que los que no tienen acceso a las nuevas tecnologías no se vean desfavorecidos. En la conservadora se justifica que las votaciones o referenda no se utilicen debido a que se argumenta que no está garantizada la universalidad de acceso y, consecuentemente, su representatividad. La radical pone todo y a todos en línea, como muestra el ejemplo de la ciudad italiana de Bolonia.

Respecto de la primera opción hay que señalar que tampoco ahora se utilizan los referenda en la mayor parte de las democracias aunque la tecnología disponible sí garantiza su representatividad. Las razones habrá que encontrarlas en la clara pérdida de iniciativa social que sufrirían los políticos, aunque también en su posible manipulación; aunque este hecho se puede solventar con una amplia y contrastada información, ya que las elecciones entre partidos también pueden caer en ese riesgo.

Por lo que respecta a la posición radical, las escasas experiencias existentes, como la señalada, muestran que la clave no está en las nuevas tecnologías, sino en las ideas y en la cultura en la que se desarrollan. Eso sin entrar en importantes objeciones que se pueden poner desde el punto de la universalidad de acceso y de la conectividad o utilización de un ancho de banda de comunicación suficiente.

            La cuestión de la universalidad de acceso a las nuevas tecnologías ha reabierto el debate sobre la democracia directa. El ciudadano parece dispuesto a llegar a esos avances tecnológicos y democráticos una vez que la institución Gobierno-Administración pública haya satisfecho las reclamaciones ciudadanas de eficacia, eficiencia y efectividad social y un nuevo estilo de gobernar por parte de los altos responsables de gestión pública. Es decir, hay una condición necesaria a satisfacer previamente antes de que el común de los ciudadanos se plantee la necesidad de alcanzar una democracia operativa.

            El funcionamiento hasta la actualidad de la ciberdemocracia muestra que los medios tecnológicos innovadores no han cambiado los hábitos políticos ni muchos sociales. Alguien podría decir que todavía es pronto, pero quizá es equivalente la situación actual a la del descubrimiento de la imprenta, que podría haber sido interpretada en su momento como el principio de la pronta finalización del analfabetismo en la sociedad europea de su tiempo. Esto nos debe enseñar que nos encontramos inmersos en un proceso que no ha hecho más que comenzar.

Cabe preguntarse si para alcanzar la democracia evolucionada o ciberdemocracia hay que esperar a lo que ofrezcan tecnológicamente las empresas. La respuesta es no, porque la tecnología actual –si es que este fuera el problema- ya permite un nuevo tipo de democracia. Obsérvese que las predicciones más utópicas en la materia coinciden en gran medida con los sueños que surgen a partir de finales de los pasados años sesenta, lo que sucede es que ahora la tecnología reduce enormemente las objeciones técnicas, quedando “sólo” las políticas. Éstas se refieren a la oposición de la clase política actual a reformar el sistema electoral y el sistema de partidos en el sentido de dar el predominio a los ciudadanos y de introducir la responsabilidad directa para los cargos políticos.

En cualquier caso, en la implantación de la democracia electrónica el papel del Estado es esencial, no sólo como impulsor y fomentador de las nuevas tecnologías, sino muy especialmente como garante de que las desigualdades económicas y de conocimiento de origen no impidan los beneficios del acceso a la información, asegurándose de que se distribuyan equitativa y democráticamente.