Marta Sanz González
Desde hace aproximadamente una década, estamos presenciando una continúa reforma en los gobiernos locales de las democracias occidentales. Los cambios políticos y sociales junto a la delegación de funciones estatales en favor de las instituciones de la Unión Europea son el origen de una demanda de mayor participación ciudadana y exigencia de eficiencia política. Así, vemos la aparición de conceptos como el de democracia deliberativa o participativa que intentan integrar al ciudadano en el proceso de adopción de decisiones, en contraposición a las concepciones tradicionales que conciben al gobierno local como un mero ente prestador de servicios, como una simple Administración.
Este nuevo marco obliga a los gobiernos locales a buscar fórmulas en que la eficiencia no sea incompatible con las políticas participativas. Muchos modelos de gobierno local en su afán por ofrecer un mejor servicio al ciudadano están obviando totalmente la voluntad de éste. En este sentido hay que tener en cuenta que las decisiones que se tomen no tienen que ser exclusivamente económicas, como sucede en el caso de las empresas privadas, sino que también se tendrá en consideración la dimensión política y social.
En general, las instituciones locales ofrecen más oportunidades de participación a individuos o grupos que las que éstos mismos tendrían en otros ámbitos institucionales. Estas oportunidades consisten no sólo en acceder a puestos de responsabilidad pública municipal, sino también en la garantía de que serán consultados y escuchados.
La identificación de las administraciones locales con un colectivo o ámbito preciso, el sentimiento de comunidad de los propios ciudadanos, la capacidad que éstos reconocen en la institución municipal para atender y jerarquizar sus demandas y su eventual posibilidad de crear espacios que permitan la inclusión de sus habitantes en la discusión y el debate público, sitúan a los Ayuntamientos por encima de otras administraciones públicas en la búsqueda de la receptividad ciudadana.
Distinguimos dos posibles tendencias a la hora de enfocar la participación ciudadana por parte de los representantes políticos. Una que consistiría en la que promueve la participación de los ciudadanos en la gestión y apoya a las asociaciones para que desempeñen su tarea; y otra en la que el representante municipal es alguien que se relaciona con los distintos actores, promociona las actuaciones municipales, siempre buscando el diálogo y haciendo las modificaciones justas para evitar el conflicto.
Desde el punto de vista de los ciudadanos, algunos autores señalan que no son formas de participación ciudadana las siguientes:
· La información, la audiencia, la petición y la propuesta.
· Las actuaciones dentro de las “relaciones ciudadanas” para mantener un contacto regular y estable con las asociaciones y ciudadanos.
· Las acciones en que el Ayuntamiento facilita a las asociaciones un local y subvenciones. El hecho de la existencia de numerosas asociaciones no es en sí un factor de participación.
No obstante lo anterior, entendemos la participación como la posibilidad de intervenir, en diversa medida, en la elaboración y en la implementación de una política pública de mayor o menor alcance. Por el contrario, sería una mera colaboración cuando los ciudadanos se queden en el apoyo de una iniciativa pública. En todo caso, la decisión final tiene que ser adoptada por los representantes políticos, sólo así se puede legitimar dicha decisión.
Participar no es sólo colaborar, ni opinar sobre una determinada actuación. Participar supone un plus de voluntad de intervención, un sentimiento de pertenencia a un colectivo, a una ciudad en este caso. Es por ello que pese al impacto de los canales diseñados por los poderes públicos, no puede olvidarse la importancia de la vida asociativa en las ciudades y sus posibilidades, que pueden ir más allá de una participación limitada a la emisión de opiniones respecto a las actuaciones administrativas.
Hoy la definición de interés general de una colectividad realizada exclusivamente por el poder político resulta insuficiente, por más que éste provenga de la expresión de la voluntad de la mayoría. Se corre el riesgo de que las decisiones públicas carezcan de aceptación. En sentido contrario, cuando una colectividad participa activamente en los proyectos colectivos, no sólo está colaborando a la existencia del delicado sistema de contrapesos del sistema democrático, sino que contribuye a la gobernabilidad del sistema político. Y ello porque la gestión de lo público implica un permanente ejercicio de realización de intereses generales que, en ocasiones, pueden colisionar entre sí. De esta manera, la participación ciudadana pasa a ser un requisito para la eficacia de la democracia, pues cada vez es más evidente que los poderes públicos han de contar con la participación de todos los colectivos, que representan intereses diversos, en el proceso de delimitar lo que es el interés general y en las vías para llevarlo a efecto.