La compra de Iberdrola por EDF a través de ACS va más allá de la política y la economía. Es una cuestión de soberanía nacional, de libertades y de democracia.

No creo que nadie se atreva a rebatir que el sector energético es uno de los pilares fundamentales que sostienen el desarrollo de un país. Más aún, que el kilovatio*hora se ha convertido en un producto de primera necesidad en las sociedades desarrolladas. Por ello, es responsabilidad de los gobiernos (de cualquier color e ideología) garantizar un suministro energético en las mejores condiciones posibles para el ciudadano.

Los gobiernos de Alemania, Francia e Italia, los motores de Europa, han optado por el control directo de la producción energética. Sus principales compañías eléctricas son de capital estatal y están blindadas por ley contra injerencias extranjeras. En España, por el contrario, el sector eléctrico está liberalizado y cualquiera puede hacerse con un buen trozo del pastel eléctrico; basta con tener algunos miles de millones de euros. Hemos vivido un ejemplo reciente hace un año: las estatales E.ON (alemana) y ENEL (italiana) pugnaron por un pedazo de ENDESA, y finalmente fue ENEL la que salió victoriosa. Y en estos momentos asistimos a otro embate, tal vez de mayor relevancia: el gigante estatal francés EDF quiere hacerse con un buen trozo de Iberdrola, la mayor eléctrica española.

La pregunta es bien sencilla de formular: ¿queremos ceder nuestra soberanía energética? Una respuesta afirmativa no sería demasiado grave si el gobierno español pudiese tener participaciones en EDF o ENEL, pero tal reciprocidad no está permitida. EDF, ENEL (y E.ON) son públicas y no parece que vayan dejar de serlo (por el momento). Semejante falta de homogeneidad en las leyes que rigen los diferentes mercados nacionales europeos resulta preocupante, porque puede dar lugar a importantes desequilibrios. Por ejemplo, que la política energética española se decida en los parlamentos francés e italiano, sobre los cuales los ciudadanos españoles no tenemos ninguna capacidad de control. Muchos países latinoamericanos ya han experimentado problemas similares por la acción de las multinacionales (algunas de ellas españolas) y tomado medidas de control.

El tema es delicado y puede ser abordado desde varias perspectivas, pero no por ello debe ser relegado a un segundo plano. Nuestro futuro como ciudadanos españoles y europeos se está decidiendo silenciosamente a través de importantes operaciones comerciales y tenemos el derecho a ser debidamente informados de sus consecuencias. La cesión de parte de la soberanía nacional en favor del proceso de integración europeo es razonable, siempre y cuando ésta se realice de forma coordinada y consensuada entre todas las naciones, a través del coloquialmente llamado "intercambio de cromos. Pero si la alternativa es una suave y dulce forma de colonialismo, tal vez fuese más prudente explotar el enorme potencial económico e industrial que tiene España y prolongar un poco más nuestra singladura energética en solitario. Iberdrola es una empresa que acaba de anunciar beneficios por valor de 2000 millones de euros y que paga sus impuestos en España. ¿Qué ganamos los ciudadanos con la cesión de una parte de los beneficios al gobierno francés? ¿Y qué perdemos?