Estos últimos días ha salido en diversos medios de comunicación la noticia sobre un análisis de ADN en un excremento que indica la presencia del Lince Ibérico, Lynx pardinus, en Madrid. El profesor Emilio Virgós y dos investigadores de su equipo, Sara Cabezas-Díaz y Jorge Lozano, fueron las personas que encontraron en la ZEPA de los Encinares del Alberche y el Cofio el pasado mes de octubre el excremento en cuestión.
Este grupo de investigadores realizaba muestreos para un proyecto de investigación no relacionado con el lince cuando localizó el excremento que ha sido enviado a analizar. Este se procesó después de otras muchas muestras que tenían prioridad. Los investigadores tenían ya numerosos indicios sobre la posible presencia del Lince Ibérico en Madrid, y su experiencia les hizo sospechar que el excremento encontrado procedía de este felino en peligro crítico de extinción. El análisis de DNA confirmó su sospecha.
No puede negarse la relevancia científica del hallazgo. No obstante, las repercusiones políticas de este descubrimiento son las que han prevalecido en el debate público. Y la politización ha tenido lugar de un modo sorprendente y con una virulencia inusual: desde diversas fuentes se ha puesto en duda el proceso de recogida del excremento, y con ello implícitamente la honestidad de los científicos que lo encontraron.
La opinión pública y la clase política tienen que darse cuenta de que esta cuestión, la presencia o no de Lince Ibérico en Madrid, es un asunto puramente científico. Y por tanto, compete a los científicos y no a los políticos o al público en general el valorar la solidez de las pruebas presentadas. Se puede discutir la fiabilidad del análisis genético pero existen protocolos científicos extraordinariamente sencillos para verificar dicho análisis. Tampoco es admisible rechazar la evidencia poniendo en duda la honestidad de un científico y su equipo. Los científicos no se dedican a falsificar datos; ello va contra la lógica más elemental del proceder científico y además conduce a un desprestigio capaz de acabar para siempre con la carrera profesional del falsificador. En círculos científicos semejante acusación es gravísima y tiene que venir respaldada por pruebas o argumentos razonados que sean convincentes. En este caso, semejante falsificación sería absurda todo investigador sabe que resulta muy sencillo establecer no sólo la procedencia del material genético sino también el grado de parentesco con otros individuos conocidos de la especie. Si no se presentan esas pruebas u otras semejantes, las acusaciones carecen de fundamento y deben considerarse como un intento poco serio (y reprobable) de zanjar una disputa científica mediante un ataque personal (una falacia ad hominem en términos técnicos). La trayectoria científica de Emilio Virgós, con su demostrada experiencia en estudio de carnívoros, avalada por numerosos artículos científicos publicados en revistas de prestigio internacional, no hace verosímil para ningún científico las acusaciones de fraude. De hecho, la comunidad científica no ha manifestado ningún tipo de recelo ante la procedencia del excremento.
El debate científico y el debate político se rigen, obviamente, por reglas distintas. La descalificación y el ataque personal son, desgraciadamente, frecuentes en el debate político pero están fuera de lugar en círculos científicos. La propia comunidad científica tiene sus mecanismos para garantizar la honestidad profesional de sus miembros. La politización del presente hallazgo científico carece de fundamento. Si el Lince Ibérico está o no en Madrid puede tener repercusiones políticas más o menos complicadas, pero es una cuestión científica. Para los firmantes de esta nota, es admirable la honestidad científica de Emilio Virgós y su equipo, que han decidido hacer público un hecho científico a pesar de las más que predecibles consecuencias negativas que iba a reportarles desde el punto de vista personal y político.
Marcos Méndez Iglesias, profesor de Ecología, en representación del Área de Biodiversidad y Conservación de la Universidad Rey Juan Carlos, compuesta por 23 investigadores de plantilla y 14 investigadores en formación.