Hubo espacio además para la discusión de diferentes aspectos de la corrupción en las universidades públicas y OPIs españoles y para plantear la creación de una plataforma permanente de vigilancia y denuncia de la corrupción y de ayuda a los afectados. En el congreso se constató la existencia de un amplio núcleo de profesionales beligerantes y radicalmente opuestos a la deshonestidad en las instituciones, pero también de sectores en los que predomina el miedo a represalias.

Consejos para seguir en la lucha

Es notorio que tanto en casos de acoso como de endogamia, el perjudicado y sus familias sufren como mínimo un desánimo y una sensación de impotencia y, con frecuencia, un hostigamiento institucional que puede llevarles a la depresión, en ocasiones con resultados trágicos. Maribel Fernández, que mantiene diversos contenciosos con la Universidad Autónoma de Barcelona por prácticas endogámicas afirmó que “pelear es la mejor fórmula para sentirse bien”. Además, recomendó 1) que se usen todos los cauces disponibles para oponerse a la corrupción, sin saltarse los medios disponibles en la propia institución (antes de ir a los tribunales), 2) que se mantenga en lo posible el más alto nivel académico, que es la gran arma en poder del afectado, y 3) que se cuente con un Plan B, es decir, una alternativa para continuar en la investigación.

Luchas ganadas (o casi)

En otras ponencias se presentaron algunos éxitos recientes en los tribunales. Isabel Núñez ha conseguido del Consejo de Coordinación Universitaria la recusación de su presunto acosador en la Universidad de Oviedo para cualquier futuro concurso a cátedra en el que ella tome parte, lo que Isabel considera una consecuencia de la trascendencia pública que alcanzó su caso, merced a artículos de Rosa Montero y entrevistas a Rosa Peñasco. Gabriel Laguna informo de una sentencia favorable a su recurso contra una oposición en la Universidad de Jaén: la oposición se ha anulado y las actuaciones se han retrotraído al momento en que se constituyó el tribunal por un defecto de forma (conflicto de interés entre un miembro del tribunal y la candidata elegida). Laguna valoró el resultado como “agridulce”: se le da la razón, pero tarde, cuando el daño es ya irremediable. En su opinión, es importante plantear en los recursos tanto los aspectos formales como los de fondo, ya que, si bien la sentencia parece darle la razón en el aspecto de fondo (menor cualificación de la candidata elegida), toma como fundamento jurídico de la sentencia el aspecto formal. Por su parte, José Antonio Cuesta, actualmente científico titular del CSIC, ha ganado dos recursos contra la Universidad de Sevilla, que ha debido abonarle los sueldos correspondientes en concepto de “lucro cesante”. Para él también las resoluciones rectorales y sentencias llegan mal y tarde (“cuando la justicia es tan lenta no es justicia”). Además, suponen un coste extra para la universidad pública, que ha tenido que pagar su sueldo, el de otra candidata que también ganó su recurso a esa misma plaza, y además el del profesor que resultó injustamente adjudicatario e impartió dicha asignatura. En definitiva, en estas ponencias y en los debates posteriores se ha evidenciado la posibilidad real de ganar los recursos, aunque la lentitud de los tribunales limita su capacidad para resarcir el daño. A pesar de lo cual, Rosa Peñasco exigió a los jueces: “Señorías, fallen, pero acierten”.

Cómo se evalúa la calidad y la excelencia

En otras ponencias se discutieron diferentes aspectos de la corrupción universitaria. Por ejemplo, J.J. Erviti la considera un aspecto más de la corrupción estructural de la sociedad y del sistema político, y advirtió: “cuando la corrupción sopla a favor de uno no se percibe como tal”. Erviti cuestionó los conceptos de “calidad” y “excelencia” tal y como los entienden los “expertos en Universidad”, el funcionamiento y “perversión instrumental” de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP) y la producción masiva de publicaciones “perfectamente prescindibles” que se evalúan “al peso”. Por su parte, Juan Castellanos relató algunos casos de corrupción ocurridos en la Universidad Politécnica de Madrid donde aparentemente la corrupción se ha frenado: el caso de los “78.653 diplomas falsos”, las contraprestaciones derivadas de la relación Banca-Universidad y la promoción inmobiliaria en terrenos universitarios. Sin embargo, advierte de que la ausencia de responsabilidades puede generar un clima de impunidad. Por su parte, Joaquín de Juan, de la Universidad de Alicante, exploró la “arqueología” de la corrupción en la universidad española, explicitando que su hipótesis de partida se resume en la frase de Paco Rabal “este país todavía huele a Franco”. Para mejorar es necesario aumentar la transparencia: han de conocerse los mecanismos y procesos de las actuaciones y los gestores han de actuar de manera visible, predecible y comprensible. También hubo un espacio dedicado al acoso de estudiantes por parte del profesorado universitario, en la ponencia presentada por Joaquín Sánchez, estudiante de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural en la Universidad de Sevilla, quien relató sus peripecias para tratar de completar sus estudios debido a la actitud arbitraria y despótica de un profesor universitario, que le había acabado amenazado con no aprobarle su asignatura jamás mientras él fuera el profesor, y cómo las diferentes instancias académicas se protegían entre ellas para evitar darle una solución al problema, que está actualmente en manos de abogados.

El “mobbing” o acoso laboral

En su ponencia, Rosa Peñasco, profesora de derecho en la UNED y autora del libro “Mobbing en la Universidad”[1] calificó el mobbing como “un desierto de años en el que hasta los lagartos te dan la espalda” y lo asemejó a la situación descrita en la película de Alfred Hitchcock “Rebeca”, en la que la acosadora llega incluso a intentar forzar el suicidio de la protagonista. Para Rosa, el acosador no es el único culpable, puesto que el acoso no sería posible sin el silencio de lo que ella llamó “el rebaño mudo”. Rosa está representada ante los tribunales por la abogada Cristina Almeida, que ha presentado una querella criminal contra su presunto acosador. La querella fue archivada en primera instancia pero la abogada ha ganado ahora el recurso ante la Audiencia Provincial, lo que obligará al juez a practicar las pruebas pertinentes. El acoso laboral no está tipificado como delito,[2] pero la decisión de la Audiencia abre un camino para que se pueda admitir la existencia de delito, fundamentado en el trato degradante prolongado en el tiempo, con menoscabo de la integridad moral de la querellante. Almeida, que participó en el congreso, considera una lástima que en las oposiciones a cátedra se evalúe sólo el conocimiento y no se exija “ser una buena persona”. Preguntada sobre el tipo de pruebas necesaria para una querella criminal, Almeida indicó que han de ser todas las posibles, incluyendo grabaciones (que pueden no ser admitidas por el tribunal), actas, escritos, actuaciones evidentes, testigos (cuando sea posible). Además, Almeida explicó que si en un futuro el mobbing llegara a considerarse discriminación se produciría la “inversión de la carga de la prueba”, es decir, sería el acosador el que debería probar que no se ha comportado incorrectamente. En todo caso, el primer paso cuando alguien se siente acosado ha de ser denunciarlo por escrito y con registro de entrada ante las autoridades académicas correspondientes, ya que esta denuncia puede ser necesaria para la defensa si el acosado, fruto de la conspiración de los acosadores, termina sentado en el banquillo. La abogada quiso dejar patente la necesidad de acudir a los tribunales al considerar que se gana en dignidad incluso si no se gana el pleito. “Hay que denunciar la impunidad”, añadió.

Acciones de la AACTE frente al fenómeno de la corrupción

La Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE) estuvo representada, entre otros asistentes, por su vicepresidenta y presidenta en funciones Rosario Gil, que presentó un amplio resumen de la historia y objetivos de la AACTE. Gil detalló las actuaciones de la asociación en contra de la corrupción, con la presentación de recursos contencioso-administrativos, la denuncia de oposiciones endogámicas, y el envío de observadores a oposiciones y de cartas y notas de prensa. También resumió los intentos de la AACTE para influir en la política científica (informes críticos, recomendaciones estratégicas, reuniones con representantes de los partidos) y sus labores de divulgación científica y difusión de noticias de interés para la comunidad, fundamentalmente a través de la revista Apuntes de Ciencia y Tecnología. En un debate posterior se apuntó la necesidad de no tratar sólo el tema de la corrupción en la universidad, sino extenderlo a otros agentes del sistema público español de I+D, como el CSIC, donde ha habido también acusaciones de prácticas endogámicas y acoso laboral.

Repercusión mediática del congreso

El congreso, que ha alcanzado repercusión nacional (El País publicó la noticia en portada el día 21 de octubre, El Faro de Murcia el día 23, y un resumen del mismo apareció publicado en el suplemento Campus del periódico El Mundo el día 25), ha llamado la atención además de algunos medios foráneos (Science, The Chronicle of Higher Education) por lo que se espera también cierta repercusión internacional.

http://www.elpais.es/archivo/pdf/20061021elpepi_1@1.pdf

http://www.elpais.es/archivo/pdf/20061021elpepi_42@47.pdf

http://www.elfarodemurcia.info/noticia.asp?ref=62408

http://www.elmundo.es/suplementos/campus/2006/465/1161727211.html

(AACTE)